Según registra un informe de la Vicaría de la solidaridad, correspondiente al mes de septiembre de 1980, nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien decretó la libertad, por falta de méritos, de seis de ellos/as y declaró reos a los restantes. A estos últimos, la corte les sentenció por infracciones al Decreto de Ley N°77, que declaraba ilícitos a los partidos políticos, la propaganda y convertía en delito el solo hecho de organizarse. Junto con ello, fueron sentenciados por infracciones a las letras A y C del artículo 4 de la Ley de Seguridad interior del Estado, las cuales establecen como delitos la incitación al derrocamiento del gobierno constituido y la reuniones destinadas a conspirar contra su estabilidad.
Respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado probablemente haya mucho más que decir, pero su invocación en momentos clave en la historia de las resistencias y la lucha por la transformación social, la desnudan como una de las tecnologías jurídicas del Estado para desarticular y reprimir las reivindicaciones políticas de nuestras comunidades. Esto no hay que olvidarlo. La misma ley que encarceló a las personas que panfletearon en contra de la dictadura tiene hoy en prisión preventiva a la mayoría de los 17 presos políticos de la ciudad de Antofagasta. La misma ley utilizada, en el 2012, por el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter en las querellas contra 12 pescadores en el contexto de las movilizaciones de Puerto Aysén. La misma ley promulgada, en el año 1958, por un dictador más antiguo: el fundador de Carabineros de Chile, Carlos Ibáñez del Campo.
Si todo esto tiene sentido es porque la violencia del Estado tiene una historia. No es casualidad que la misma Intendencia que ordenara la detención de 9 personas en 1980 por panfletear contra la dictadura o pertenecer a un partido político, busque condenar hasta por 15 años a los prisioneros políticos de la revuelta. Ni tampoco es casualidad que la Ley de Seguridad Interior del Estado vuelva a aparecer en el escenario represivo de las reivindicaciones actuales. Ni tampoco que para el estado sea más peligroso un joven que lanza piedras, que un carabinero que asesina a un manifestante o que arroja a una persona desde un puente.
Por todo esto, como Agrupación, hacemos un llamado a la organización social y a las personas a la solidaridad activa con los prisioneros/as políticos/as de la revuelta, así como a la denuncia, la agitación y la exigencia por su liberación. Se requiere levantar una gran campaña que potencie la exigencia de su libertad en cada espacio territorial. Porque si olvidamos a los/as presos/as de una revuelta, que posibilitó el escenario para discutir nueva constitución, esto no sería más que claudicar frente a las migajas de una democracia que no ha sabido más que manchar las calles con sangre y llenar de presos/as las cárceles.
A un año del estallido social, muchos jóvenes han sido condenados y centenares permanecen hoy con prisión preventiva o con arrestos domiciliarios a la espera de procesos judiciales lentos y sin pruebas suficientes, transformándose en otra tortura que los castiga fuertemente y también sus familiares y amigos/as. De nosotros/as depende la libertad de los jóvenes. El llamado es a multiplicar el apoyo territorial, asistencial, político, jurídico y económico, conformando en cada lugar comités de apoyo a los presos políticos. Sigamos el ejemplo de los/as profesores/as que hoy se organizan en una red de apoyo hacia los estudiantes menores de edad, recluidos en el Sename. Esperamos las respuestas de los sindicatos y demás organizaciones. Nadie debe quedarse atrás. ¡A avanzar todos/as de forma conjunta!
Por Agrupación Providencia
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