Fue en representación de la directiva del Colegio de Periodistas de Antofagasta que me tocó el año pasado participar en la comisión evaluadora del Fondo de Medios de Comunicación Social (FMCS), la cual actúa después del proceso de admisibilidad que ejecuta la Seremi de Gobierno. El mes de junio volveremos a participar, junto a un representante del CORE; de la Intendencia;  de la ARCHI; y de la seremis de Economía, Educación, y Gobierno. La etapa de postulación ya llegó a su fin, restando únicamente las regiones de la Araucanía y Antofagasta para publicar los resultados de admisibilidad de los proyectos, que en las otras zonas del país están disponibles desde el 17 de mayo.

El FMCS tiene 17 años de existencia, naciendo para financiar iniciativas en pos de la realización y difusión de programas o suplementos comunicacionales de carácter regional o local, que sean un aporte al desarrollo social, cultural, económico y educacional. Este año la convocatoria consideró más de 1.600 millones de pesos a nivel país, de los que $112.590.897 corresponden a la Región de Antofagasta, recursos que aumentaron en $15.301.340. Lo anterior constituye un pequeño reto para el actual gobierno y los medios regionales postulantes, considerando que el año pasado sobraron $6.445.892, recursos que tienen que devolverse a las arcas fiscales.

No obstante, es de nuestra preocupación que la liviandad del proceso de evaluación coordinado en años anteriores se pueda repetir, bajo la misma premisa de no tener que devolver recursos a Santiago. El año pasado, lamentablemente, tuvimos que escuchar incluso a un miembro de la comisión evaluadora decir que era necesario aprobar todos los proyectos porque estábamos en año electoral… Si hubiéramos seguido su consejo tendríamos que haber dejado pasar dos proyectos que correspondían a iniciativas fuera de la región, presentadas para defraudar al sistema, y que habían pasado el proceso de admisibilidad.

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Considerando el camino recorrido, el Estado ha ido desarrollando mecanismos para evitar dinámicas como estas. Por ejemplo, una persona natural o jurídica que posea dos o más medios de un mismo soporte en una misma zona sólo puede presentar un proyecto, y si posee dos o más medios de distinto soporte podrá postular a un máximo de dos proyectos distintos. Sin embargo, hay una industria de iniciativas que en ocasiones ni si quiera corresponden a medios de comunicación, o que intentan pasar por medios digitales que no existen o que realmente operan en otras zonas del país. De hecho, en el pasado hubo iniciativas que intentaron postular en varias partes del país simultáneamente.  En nuestra región la mayoría de los proyectos presentados suelen ser buenos, y debemos velar porque unos pocos no empañen el proceso.

La comisión evaluadora debe hacer su trabajo en base a una pauta de evaluación que considera tres aspectos: Calidad, Impacto Social del Proyecto, y  Viabilidad. En este último criterio es donde los representantes de los medios deben incluir la planificación detallada del uso de los recursos humanos y financieros. Algunos medios de cierto calibre se las han arreglado para no detallar absolutamente nada en este punto y ver sus proyectos aprobados resueltamente, trabajo que pienso debe ser transparentado por los miembros de la comisión evaluadora para evitar estos vicios. Si esto no es posible, en mi humilde opinión, es preferible que en aquellos casos las platas se devuelvan a Santiago.