16.6 C
Antofagasta
Martes 18 de Junio del 2024 18:13

Caso Convenios: Comisión Investigadora debe dar el ejemplo de probidad y no tener tejado de vidrio

Lo más sensato, si se busca que los resultados de esta comisión no sufran de una falta de legitimidad de origen, hagan un real aporte a la probidad y la transparencia, es la inhabilitación de cualquiera de sus integrantes ante la más mínima duda de conflictos de intereses y "tejados de vidrio". De lo contrario no será posible asegurar que los resultados puedan ser considerados válidos y objetivos por toda la sociedad.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El caso de los tratos directos en la Región de Antofagasta, como tantos otros en distintas latitudes del país, coloca una vez más en el centro de la discusión una cuestión esencial: el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.

Cuando se toca este tema, estamos hablando del erario nacional, del dinero de todos, y, por ende, de la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes para la administración de estos fondos. La consigna debería ser simple: que cada peso del contribuyente sea tratado con la responsabilidad y la transparencia que merece. No es un favor, es un deber, una responsabilidad inherente al servicio público.

En ese contexto, es fundamental que se investigue hasta las últimas consecuencias cualquier indicio de malversación, trato preferencial o falta de probidad. Y es que cuando se trata del patrimonio de todos, no puede haber medias tintas ni protección para nadie, caiga quien caiga.

Sin embargo, un matiz relevante de este escenario se da en el hecho de que tal como informó este diario, quien preside la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, el diputado José Miguel Castro, ha sido cuestionado por una situación que, a primera vista, genera dudas sobre posibles similitudes con el objeto de investigación. ¿No es acaso una contradicción que quien lidera la indagatoria sea, ahora o en el pasado, objeto de cuestionamientos?

La confianza pública es un bien frágil. Se construye lentamente y se desvanece con facilidad. La elección de quienes lideran investigaciones de este tipo no es un mero formalismo. Es una declaración de intenciones y un mensaje a la ciudadanía. Y aunque la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, la objetividad y la imparcialidad son también principios fundamentales en la investigación.

En este caso, ¿puede garantizarse que la comisión actuará con la misma diligencia y rigor en todos los casos si su líder tiene un interés directo o indirecto en un caso con características similares?.

No es una buena señal ni un paso para recuperar la fe pública que el encargado de liderar, emplazar y apuntar con el dedo como Presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, el diputado José Miguel Castro, esté a su vez cuestionado por negocios del Estado asignados discrecionalmente al grupo empresarial del que forma parte su esposa, ni menos que su defensa para permanecer en tal rol sea bajar el perfil a los hechos acontecidos en 2020 afirmando que “esto es antiguo” o que los pagos se realizaron a cuentagotas. El buen uso de recursos públicos, la probidad y la transparencia son igual de importantes hoy, hace 20 años o en 20 años más.

Lo más sensato, si se busca que los resultados de esta comisión no sufran de una falta de legitimidad de origen, hagan un real aporte a la probidad y la transparencia, es la inhabilitación de cualquiera de sus integrantes ante la más mínima duda de conflictos de intereses y “tejados de vidrio”. De lo contrario no será posible asegurar que los resultados puedan ser considerados válidos y objetivos por toda la sociedad.

En la misma comisión hay otras opciones, como la diputada Yovana Ahumada, quien también representa a la región de Antofagasta, pero asumió en el actual proceso legislativo y no estuvo vinculada al gobierno anterior, ni tampoco forma parte del actual oficialismo, lo que podría contribuir a que el trabajo no se diluya en la falta de credibilidad.

Al final del día, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la certeza de que el patrimonio público se maneja con el cuidado y la probidad que merece. La ciudadanía tiene el derecho de sentir que quienes investigan no solo actúan sin sesgos ni intereses ocultos, sino que además están libres de cuestionamientos y son ejemplo de probidad. Y para ello, la imparcialidad y la objetividad no solo deben ser reales, sino también palpables y evidentes.

La confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Y en estos tiempos, no podemos darnos el lujo de seguir perdiéndola.