El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, reaccionó a la aprobación en el Senado de la invariabilidad tributaria, señalando que esta medida amarra al menos a cuatro futuros gobiernos y al país. Asimismo, cuestionó que los chilenos deban indemnizar a las grandes empresas cuando, por razones justificadas, se les revoquen permisos ambientales.
“La discusión no debe limitarse hacia si la inversión aumentará o no, sino también a determinar quién asumirá el costo de financiar la menor recaudación durante los 20 años de la invariabilidad tributaria para las grandes empresas. El proyecto parece asumir que el crecimiento económico futuro compensará automáticamente las pérdidas de recaudación derivadas de las rebajas tributarias; sin embargo, la evidencia internacional muestra que los efectos de este tipo de medidas suelen depender de múltiples factores externos, incluyendo el contexto económico global, los precios de los commodities, la vida política, las condiciones financieras internacionales y la capacidad de respuesta de los propios inversionistas. Por ello, los beneficios esperados son inciertos, amarrando al menos a 4 gobiernos futuros. Son inciertos como lo ha manifestado un staff de economistas de distintos sectores políticos, mientras que la disminución inicial de los ingresos fiscales constituye un efecto relativamente inmediato y previsible”, afirmó Velásquez.
El legislador agregó que la mega reforma olvida a los territorios: “Como hemos sostenido en más de alguna ocasión, existe además una dimensión territorial que aparece escasamente considerada en este proyecto; gran parte de las medidas propuestas se encuentra orientada a reducir costos, plazos e incertidumbres para los titulares de proyectos de inversión, pero no incorporan mecanismos equivalentes que fortalezcan la posición de los territorios donde dichas inversiones se desarrollan desde esta mirada“.
En este sentido, señaló que “La reforma aparece estar construida principalmente desde la lógica del inversionista y no desde la realidad de las regiones que son verdaderamente las receptoras de los proyectos, y esta omisión resulta especialmente relevante para zonas del norte, como la que nos corresponde representar, donde se concentra la parte sustancial de la actividad minera, de la actividad energética y la logística del país”.
Agregó que “mientras el proyecto flexibiliza determinados mecanismos de evaluación, revisión y control ambiental, no contempla mayores instrumentos de compensación territorial, fortalecimiento de capacidades regionales, participación de las comunidades y mecanismos que permitan capturar una mayor proporción de los beneficios económicos generados por estas actividades”
“En consecuencia, se produce una asimetría evidente: se reducen exigencias para proteger los territorios, pero no se establecen medidas equivalentes que mejoren las condiciones de desarrollo de las regiones que asumimos los costos ambientales, sociales, hídricos y de infraestructura asociados al crecimiento económico y social”, concluyó el profesor calameño.