La arista medioambiental del “nueragate”: Contaminación en el puerto de Antofagasta

Crédito por $6.500 millones de pesos a la nuera de la Presidenta por parte del banco del Grupo Luksic, sale a la luz justo en momentos que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) otorgó luz verde al polémico proyecto de acopio y embarque de concentrado de cobre de la concesionaria Antofagasta Terminal Internacional (ATI), propiedad del Grupo Luksic, a pesar de comprobarse contaminación con plomo y arsénico en niños que estudian cerca de las instalaciones.

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Mientras el ámbito político se ve nuevamente encendido debido a la oscura relación entre el dinero y la política, primero por el denominado “Pentagate” y más recientemente por el denominado “nueragate”, sale a la luz la arista medioambiental  de este caso, que envuelve directamente a la Presidenta Michelle Bachelet y la cercana relación del bacheletismo con el poderoso grupo Luksic.

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Ello, porque precisamente en momentos que se da a conocer el crédito de $6.500 millones de pesos a la nuera de la Presidenta para un negocio inmobiliario que le reportaría a la empresa una ganancia superior a los 3 mil millones de pesos, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) dio luz verde a un millonario negocio de la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI), a pesar de las múltiples denuncias en su contra tras detectarse alarmantes índices de plomo y arsénico en la sangre de párvulos que asisten a clases cerca de sus instalaciones.

La resolución, junto con dar luz verde al millonario negocio entre el puerto controlado por los Luksic, la Minera de capitales polacos Sierra Gorda y FCAB, Ferrocarril perteneciente también al grupo Luksic, además deja sin sanción a la empresa, ocasionando la indignación de autoridades, organizaciones ciudadanas y el Colegio Médico.

Indignación por contaminación con arsénico en niños de Antofagasta

“Nos parece vergonzosa la posición en que se encuentra la Superintendencia de Medio Ambiente, en que toda Antofagasta y el país observa una institucionalidad más proclive a privilegiar acuerdos con quien vulnera las resoluciones de calificación ambiental, que el respeto irrestricto de esos compromisos legales, que ya han producido graves consecuencias para la salud de más de 150 niños”, manifestó el presidente del Colegio Médico Regional Antofagasta, Dr. Aliro Bolados.

En esta misma línea, Bolados añadió que con está decisión la SMA da pie a la impunidad, dejando en la más absoluta indefensión a toda Antofagasta, indicando además  “que todo el sistema público está sospechosamente de acuerdo en no tocar a quienes vulneran las normas ambientales”, por lo que la  “la única autoridad que nos queda es la Presidenta, quien como médico esperamos comprenda que hoy el daño es tremendo en Antofagasta, principalmente en nuestros niños que asisten a los establecimientos a pasos del puerto, lugar donde se manejan diariamente concentrados con metales pesados tóxicos sobre una ciudad con indicadores sanitarios desastrosos en materia de cáncer, como es Antofagasta”.

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williamsSin embargo, es precisamente la Presidenta Michelle Bachelet quien por intermedio de su hijo, Sebastián Dávalos, quien se ve salpicada por la operación, que parece ser la punta del iceberg en la relación del bacheletismo y el grupo Luksic, toda vez que además varios de los ministros han sido parte de la denominada “puerta giratoria” entre el gobierno y los grupos económicos, una oscura característica del modelo imperante en el país desde los años 80, que también quedó de manifiesto en la “Puerta giratoria” de personeros de la administración Piñera y el Grupo Penta, las Isapres y las AFP.

El caso más emblemático en la actual administración de gobierno es el de la Ministra de Minería, Aurora Williams, quien se desempeñó como gerente comercial de Aguas Antofagasta, empresa sanitaria perteneciente al holding del grupo Luksic que administra el sistema de alcantarillado y el suministro de agua potable a los hogares de la región. Una vez que asumió Bachelet su primera presidencia, Williams fue Seremi de Obras Públicas, para luego volver a emplearse en el grupo Luksic, esta vez en la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) en el cargo de gerente de Administración y Finanzas, momento en que se concibió el polémico proyecto de transporte, acopio y embarque de concentrado de cobre, que hoy es acusado de contaminar a los habitantes de Antofagasta.

Situación similar ocurre con el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien declaró $230 millones en acciones en el Banco del Grupo Luksic, el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre y el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quienes se desempeño en Canal 13, propiedad de los Luksic. Todos casos que dan cuenta de las estrechas relaciones entre el gobierno y la millonaria y poderosa familia.

SOSPECHAS

Es precisamente este punto el que levanta las sospechas entre las organizaciones ciudadanas que se oponen al polémico proyecto, quienes temen que en lugar de primar el criterio técnico y el resguardo de la salud a la hora de aplicar sanciones a las empresas involucradas en la contaminación de niños de Antofagasta, opere el criterio político e incluso los intereses comerciales de algunas autoridades, más aun luego que desde el Gobierno Regional solamente se ha anunciado la limpieza de áreas contaminadas, pero no la eliminación de las fuentes contaminantes y que el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Ashley Leopoldo Benjamín Franz Thorud, es “asesor” de Barrick Gold, Agrosuper y las mineras de los Luksic, al ser propietario del 40% del Grupo Alianza, firma que presta asesorías ambientales y sociales a empresas mineras y energéticas como Barrick, Collahuasi, Antofagasta Minerals, Agrosuper y Electro Austral.

Es inaceptable que los ciudadanos tengamos que luchar al mismo tiempo con las empresas y con la omisión e incompetencia de las autoridades que han fallado en dar una solución clara y definitiva a  esta hecatombe sanitaria y medioambiental“, indicó mediante un comunicado el Movimiento #EstePolvoTeMata, organización ciudadana que mostrando en alto las manos tiznadas con el polvo negro que cubre ventanas, automóviles y hogares de Antofagasta, ha encabezado las movilizaciones contra el acopio de concentrado de cobre en la ciudad.

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Al respecto, ya anunciaron que ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades chilenas, solicitarán directamente a las empresas y  a las autoridades de Bolivia, que también embarcan minerales a granel en el Puerto de Antofagasta, que desistan de esta práctica, como una forma de palear el daño ambiental.

Asimismo, las movilizaciones durante el presente año pueden ir en ascenso y remecer el ambiente político, desgastando también a la coalicion gobernante, que se ha visto fortalecida luego del derrumbe de la derecha debido al financiamiento irregular de campañas con el caso Penta.

Por lo pronto, políticos locales y orgaizaciones ciudadanas ya planifican acciones de protesta contra la contaminación en Antofagasta, mientras crecen los llamados a la Presidenta para que tome la decisión política de cerrar el Puerto de Antofagasta, al menos hasta garantizar que no contaminará a los habitantes de la ciudad o que se construya otro complejo puertuario alejado del radio urbano y especializado en cargas peligrosas. Una solución que podría estar tan a la mano como un llamado telefónico, pero a la vez tan lejos como el enfriamiento de relaciones cercanas y el cobro de deudas millonarias.