Tras una cita con la Presidenta, Michelle Bachelet, los alcaldes de la región de Antofagasta decidieron posponer el paro exigiendo más recursos para las zonas que sufren las consecuencias del modelo extractivista chileno, que había sido convocado para el 30 de junio.
En la ocasión, el gobierno comprometió que en un plazo de 3 semanas, un grupo de Ministros, entre ellos, de Minería e Interior, viajarán a Antofagasta para presentar una propuesta sobre redistribución de los recursos.
Una situación que valoraron los diferentes alcaldes de la región, al punto que la mayoría de ellos optaron por dar marcha atrás con el paro y suspenderlo.
La Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, consideró positiva la promesa gubernamental indicando que “la Presidenta de la República se ha comprometido a estudiar de qué forma se puede distribuir estos recursos que se encuentran en la minería y también se comprometió que de aquí a este viernes entregarnos una fórmula para poder ayudar con las tasas de desempleo en nuestra región que ha ido en aumento“.
En tanto, el Alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, también manifestó su conformidad señalando que “la Presidenta nos dio una esperanza que en tres semanas más los ministros se van a sentar a analizar el tema“.
Más crítico fue el Alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, quien también valoró “la buena disposición de la presidenta Bachelet” pero indicó que le parece “incoherente y lamentable que, dos días antes de una convocatoria, se posponga un paro. Creo que algunos alcaldes pecan de ingenuidad y otros derechamente se encuentran sometidos al centralismo de manera vergonzosa“.
DEMANDAS
La principal demanda que motiva los llamados a paro es exigir al Gobierno que establezca un aporte económico permanente para cada comuna proveniente de los recursos que genera la minería, tal como ocurría hasta que la dictadura lo eliminara en 1974 con la Ley del Nuevo Trato del Cobre.
La demanda de mayores recursos se sustenta en la necesidad de compensar los costos sociales y ecológicos que provoca la minería en los territorios, que sufren consecuencias tales como el agotamiento de recursos naturales y enfermedades graves para sus ciudadanos, tales como el cáncer que en la región supera con creces la media regional.
Se trata de una exigencia de larga data para la cual no ha existido respuesta en los últimos gobiernos, tanto de la Concertación, Alianza y Nueva Mayoría.
En la actualidad la exigencia de la región es que los recursos permanentes del cobre vengan de una redistribución actual del impuesto específico a la minería que está vigente y que ha otorgado al Estado en los últimos 10 años casi 7 mil millones de dólares.
