Un nuevo convenio del Gobierno Regional de Antofagasta se encuentra bajo la mira de la Contraloría, luego que la institución transfiriera $271 millones a la Universidad SEK sin concurso público para ejecutar un proyecto de seguridad. Sin embargo, la rendición de cuentas sigue pendiente por lo que se investigan posibles irregularidades.
La exministra de Justicia, Javiera Blanco, quien lideró la iniciativa, enfrenta cuestionamientos por haber recibido pagos a través de su empresa consultora, a pesar de figurar como representante de la universidad en reuniones oficiales. Su pareja, el senador Pedro Araya (PPD), también está en la mira, ya que dos integrantes de su equipo trabajaron simultáneamente en la Universidad SEK y en el proyecto.
Según la información de Diario Regionalista dando a conocer este convenio, ninguna de las propuestas del proyecto “Estrategias Innovadoras para la Seguridad Pública en la Región de Antofagasta”, que obtuvo financiamiento por 271 millones de pesos del presupuesto del Gobierno Regional de Antofagasta ha sido aplicada.
Uno de los puntos más cuestionados es la declaración de gastos por $35.500.000 en un contrato de prestación de servicios con la Consultora Legal Sociedad de Profesionales, representada por la propia Javiera Blanco. Sin embargo, mediante ley de lobby figura como representante de la universidad SEK, a pesar de no figurar en la planilla de recursos humanos.
Un oficio del GORE, enviado a Contraloría el 14 de noviembre de 2024, solicita un pronunciamiento sobre la validez del gasto, dado el vínculo entre la Universidad SEK, la exministra Blanco y la empresa proveedora del servicio.
El caso salpica también a la pareja de Javiera Blanco, el Senador Pedro Araya Guerrero, ya que al menos dos integrantes de su equipo parlamentario, Romina Pizzoleo y Elizabeth Court, trabajaron simultáneamente en la Universidad SEK y en su equipo legislativo. Court se desempeña actualmente como jefa de gabinete de Araya.
Historial de convenios
El nombre de Javiera Blanco no es nuevo en el mundo político ni en escándalos administrativos. Fue subsecretaria de Carabineros (2006-2010) y luego ministra de Trabajo y de Justicia (2014-2016) en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
En 2021, Blanco fue formalizada por malversación de caudales públicos por la presunta indebida recepción de gastos reservados de Carabineros, por un total de 42 millones de pesos entre 2007 y 2011. Sin embargo, en 2022 fue sobreseída, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el plazo de prescripción para perseguir este tipo de delitos es de cinco años, por lo que ya se había extinguido la responsabilidad penal en 2021, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal.
Por su parte, las dobles funciones y los convenios entre instituciones gubernamentales y universidades no son ajenas al Senador Pedro Araya, dado su activo rol en el traspaso del antiguo Hospital de Antofagasta a la Universidad de Antofagasta para la puesta en marcha del HCUA, donde una investigación periodística de Diario Antofagasta reveló que aún antes de su puesta en marcha ya se encontraban contratados con abultados sueldos colaboradores y familiares del parlamentario, como también de su hermano Jaime Araya y la exministra Marcela Hernando.
Los cuestionamientos por este convenio del Gobierno Regional de Antofagasta se suman a otros convenios de la misma institución que han despertado suspicacias o ya se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, como es la arista ProCultura o también conocida como “Caso Fachadas“, donde fueron transferidos $373 millones de pesos a la fundación ProCultura para refacción de murallas. En Septiembre de 2023 el GORE de Antofagasta resolvió poner fin de manera anticipada al convenio y requerir la restitución de los recursos.