Fueron anunciadas como tecnología de punta y costaron más de 200 millones de pesos al país. Pero un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), reveló el estado actual de las cámaras de televigilancia instaladas en Antofagasta.
Luego de una fiscalización efectuada a SEC en la Sala de Vigilancia, ubicada en el segundo piso de la Tercera Comisaría de Carabineros, salieron a la luz las graves falencias existentes en las cámaras de televigilancia de Antofagasta, así como las serias irregularidades en su funcionamiento.
El informe N° 721 del organismo fiscalizador, reveló que la instalación eléctrica, junto con ser insegura para los carabineros que la operan, no se encuentra “Inscrita y/o Declarada” por un instalador eléctrico autorizado, lo que trasgrede la normativa legal vigente.
Las falencias resultaron evidentes. El tablero general se encontró sin rotular, y sin el debido ordenamiento e indicación de la función de las protecciones de los distintos circuitos (enchufe y alumbrado), sin cubierta cubre equipos y el circuito de enchufes no cuenta con protección diferencial. Además se constató el uso de zapatillas de enchufes (con capacidad de 10 enchufes) y especialmente, que toda la instalación eléctrica no fue efectuada por técnicos certificados por SEC.
¿Que pasó con el dinero?
Los resultados ocasionaron inmediatamente las suspicacias en la Municipalidad de Antofagasta. El alcalde subrrogante, José Vargas Fritz, señaló su exigencia al Gobernador de Antofagasta, Pablo Tolosa (UDI), “Información cualitativa, formal y por escrito”, con el fin de que “el municipio y la comunidad sepa que los 85 millones de pesos que ésta entidad destina a la Gobernación, están teniendo el destino que se pretende o se están usando de una manera que no corresponde, especialmente cuando ahora se suman todas las deficiencias de operación ya conocidas, estas faltas gravísimas faltas a la normativa eléctrica”.
El emplazamiento de la municipalidad, ocasionó la inmediata reacción por parte del gobernador, quien señaló que el informe al que alude el municipio ya había sido solicitado con anterioridad y “curioso resulta que con fecha 26 de octubre del 2011, la Municipalidad de Antofagasta enviara un oficio a la SEC solicitando fiscalizar la sala de control ubicada en Cenco, siendo que el 20 de octubre, SEC ya nos había respondido (a la Gobernación Provincial, a la Municipalidad y a los otros organismos) a la solicitud hecha con anterioridad”, explicó la autoridad regional a El Mercurio de Antofagasta.
Una electrizante polémica entre autoridades políticas, que deja como principales perjudicados a los ciudadanos de Antofagasta, quienes sin arte ni parte en las declaraciones cruzadas por las responsabilidades, contribuyeron con lo más importante para las polémicas cámaras de vigilancia: El dinero para su implementación.
