Ante la Contraloría Regional llegaron este viernes los Consejeros Regionales Ricardo Díaz (RD), Andrea Merino (PS) y Sandra Pastenes (PS) para solicitar al organismo que investigue y determine si el Intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz (RN) cometió faltas a la probidad administrativa.
Lo anterior luego que se revelara el lobby realizado por el exsenador Pablo Longueira a favor de la empresa Santa Marta, para presionar desde la Intendencia de Antofagasta a la Municipalidad con el fin de colocar en funcionamiento del relleno sanitario de Chaqueta Blanca sin que la empresa cumpliera con todas las exigencias del contrato.
“Muestra de lo anterior, es el correo enviado, con fecha 7 de agosto de 2018, por el gerente general del consorcio Santa Marta, Rodolfo Bernstein, al lobista, Pablo Longueira, en el cual se indica: ‘Me está llamando el intendente (Marco Antonio Díaz), debe ser por el cierre de La Chimba de hoy… en espera de la comunicación. Rodolfo‘”, indica el escrito presentado por los Consejeros Regionales, el cual también señala que existieron unas cartas entregadas, con fecha 7 de agosto de 2018, al ejecutivo del Gobierno Regional, “las cuales, nunca fueron entregadas al Consejo Regional, en virtud de ser el órgano que constituye -de acuerdo al artículo 111 de la Constitución Política de la República- el Gobierno Regional en conjunto con el intendente“.
Lo anterior considerando además que tal como informó El Diario de Antofagasta, no existen registros en la plataforma de Ley de Lobby de reuniones del Intendente Marco Antonio Díaz con ningún representante de la empresa Santa Marta, a pesar de que durante la jornada de ayer el propio Díaz reconoció encuentros con el exintendente Arturo Molina (DC), quien es otro lobbista de Santa Marta, además de Pablo Longueira.
“Solicitamos a la Contraloría General de la República, a fin que indique si las conductas descritas, cometidas por el Intendente de Antofagasta Marco Antonio Díaz, constituyen infracción al principio de probidad administrativa”, puntualiza el documento.
La presentación concluye solicitando a la Contraloría “que fiscalice a investigue las comunicaciones oficiales, como, también, los actos administrativos dictados por el Intendente o por los funcionarios sometidos a su control jerárquico, que tengan relación con el consorcio Santa Marta, el proyecto del relleno de Chaqueta Blanca y el vertedero de La Chimba. Finalmente, solicitamos que se realice una auditoría a fin de determinar la existencia de acciones u omisiones que contravengan el principio de probidad administrativa“.
