El 18 de octubre del 2019 se marcó un precedente en la historia de Chile para siempre. Con una evasión del pago de metro frente a las alzas comenzó una revuelta que se extendería por meses, llenando las calles de gritos y carteles, de muros rallados y rabia, de carros lanza agua y gases lacrimógenos, de injusticia, ira y dolor como el pan de cada día.
Cercanos a que se cumpla el primer año del estallido social, hoy no están todos. El precio de este despertar fue alto; dejando muertos, presos políticos, mutilados por la represión policial e incontables afectados.
Miles de ciudadanos a lo largo de todo el país salieron a las calles, muchos de ellos con rabia y enojo contra un sistema desigual que acumulaba décadas de injusticia. De éstos ciudadanos, en Antofagasta hay un total de 23 personas que han quedado privadas de libertad tras las manifestaciones. Ese escenario tan visto en matinales y noticieros mostrando su peor cara, pero tan poco conocido realmente, y que, de no ser vivido es imposible de entender.
Valeska Mondaca, coordinadora de Pampa Libre, quienes han estado trabajando directamente con las familias de los afectados, nos comenta que estos manifestantes han sido procesados por la Ley de seguridad del Estado con acusaciones de delitos por saqueos, porte y lanzamiento de bombas molotov, incendios e incluso homicidio frustrado. El rango de edad de la mayoría de los detenidos varía entre los 20 y 40 años, de los cuales 16 se encuentran desde hace meses en prisión preventiva y otros 4 condenados, de estos últimos, tres han cambiado su medida cautelar a arresto domiciliario total. Por otro lado, encontramos a tres menores de edad de 15, 16 y 17 años recluidos en el Sename.
POCA CLARIDAD EN LOS PROCESOS
En información entregada en el comunicado N°4 de la Agrupación por la memoria histórica Providencia en relación a los presos políticos de la revuelta de Antofagasta se expresó “Nos encontramos en estas reuniones con jóvenes que con gran entereza y capacidad de aguante han enfrentado la arbitraria e injusta medida cautelar de prisión política que se les está aplicando. La mayoría de los Presos Políticos lleva varios meses sin tener claridad del estado de sus procesos legales. Los plazos de investigación se renuevan sin fundamentos. No hay correspondencia entre las acusaciones con el cumplimiento de prisión. Desde el comienzo de la pandemia se mantienen sin visitas…”
Aquí es donde se vive otra batalla, una por los derechos de los imputados y sus garantías, quienes viven un juicio vía online, encontrándose con investigaciones que se han aplazado por casi medio año, cuyos casos se cierran sin nuevos antecedentes. Quedando en una espera interminable para ellos y sus familias.
En conversación con Valeska es que conocemos el caso de Héctor Cortés Espejo, limpiador de autos en el centro de la ciudad, quien se manifestó con furia al Estado por el que se vio descuidado y olvidado, siendo condenado a 3 años y un día de pena efectiva.
“Nos genera rabia y pena esta condena, porque Héctor representa la crudeza de la calle, esta realidad que todos prefieren omitir casi como si no existiera, pero existen, tienen rostros y nombres. Son cabros como el Héctor que decidieron manifestar su enojo contra un sistema que los abandonó“.
El joven, que decidió no apelar por el miedo de una condena aún mayor, fue detenido en noviembre del 2019 y a los dos días de perder la libertad, perdió también a su hermano mayor. Viviendo su duelo tras las rejas y dejando a sus padres de tercera edad desconsolados sin entender muy bien todo lo que está pasando.
Héctor es padre, hijo y hermano y representa a tantos y tantas más que en esta revuelta social estuvieron dispuestos a dar todo por ser escuchados. Refleja una realidad que en opinión de las organizaciones sociales, no es vista, pero no es vista porque no se quiere ver. El descontento es evidente y ha quedado plasmado en las calles, plazas, y en la memoria de todos, guardando espacio para seguir la causa que aún no ha terminado.
Porque esto no acabará, hasta que los privilegios no reinen, hasta que el dinero no delegue en quien va o no a la cárcel, hasta que la justicia chilena sea realmente justa.
MANO DURA CON QUIENES PROTESTAN Y BLANDA CON LOS CRIMINALES
En una realidad paralela al caso de Héctor, son innumerables los casos a lo largo de esta delgada franja de tierra en la que dejan a asesinos, violadores y ladrones en libertad, donde llevar corbata o uniforme los libera de culpa, donde no se respetan las medidas cautelares, ordenes de alejamiento, y denuncias con resultados fatales, donde los femicidios están a la vuelta de la esquina, pero los enfrentamientos en las protestas fueron prioridad.
Y la impunidad es el plato fuerte. Si lo relacionamos con las movilizaciones sociales, durante los enfrentamientos, 460 personas resultaron con lesiones oculares según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde perdieron totalmente la vista de ambos ojos dos personas y otras 35 de un solo ojo. Siendo hoy en día olvidados, según han denunciado algunos de los afectados a distintos medios de comunicación. La clara prueba en carne viva de la violencia policial vivida en el estallido, pero no hay culpables.
Gustavo Gatica recibió disparos en ambos ojos mientras se manifestaba en Plaza Dignidad el pasado noviembre y Fabiola Campillay, recibió una lacrimógena directamente en su rostro mientras esperaba para tomar locomoción colectiva el mismo mes. Ambos nunca más volverán a ver, ni a sus seres queridos ni la vida como la conocían. Y sólo hace un par de días se habla de un culpable en el caso de Gustavo, Claudio Crespo ex oficial de carabineros que ya se encontraba desvinculado y que quedó en prisión preventiva. Mientras que para Fabiola pese a perder la vista, el olfato y el sentido del gusto por el ataque sin motivo que habría sido realizado por del Capitán Fernando Maturana, aún no hay justicia ni formalizados.
Pero no solo se trata de mutilados por manifestarse o enfrentarse a las fuerzas de orden. A la fecha hay más de 30 muertes asociadas al estallido social. Siendo más de la mitad encontradas en lugares siniestrados tras incendios, otras por encuentros entre ciudadanos. En cuanto a enfrentamientos con fuerzas policiales se registran seis, por balines, atropello, golpes y balas; mientras que derechamente en las protestas se suman otros 5 fallecimientos más por motivos similares; golpe, asfixia, atropello, impacto de bala, paro cardiorespiratorio. Una zona de guerra, y de los culpables ni hablar.
“Pobladores de Antofagasta han sido objetos de múltiples expresiones de violencia por parte de las fuerzas policiales que van desde hostigamientos, amedrantamientos, lanzamientos de perdigones en sus rostros y cuerpos, gaseamientos y asaltos en sus casas, maltratos y torturas en las detenciones, actos provocadores en las marchas con personal que se infiltra y promueve desórdenes. Hasta ahora no hay prisión preventiva ni condenas para estos actos criminales“, acusa la Agrupación por la memoria histórica Providencia, en un comunicado emitido a principios de Agosto.
Las organizaciones sociales y ciudadanos no olvidan a quienes no han recibido justicia, a quienes dejaron a sus familias, a aquellos privados de libertad como Héctor víctimas del sistema, a los que ya no están, a los que ya no ven y a todos los que han buscado dignidad y equidad sin encontrarla. Un recuerdo para que no sean olvidados y seguir la lucha.
