Luego de permanecer más de un año en prisión preventiva, el Juzgado de Garantía anunció vía telemática la sentencia en contra de cinco personas, dos de ellas menores de edad, acusados de cometer delitos en contexto del estallido social, mientras que la Defensoría Penal Pública anunció que logró revertir la internación provisoria a otro menor de edad.
Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta y la tramitación de un procedimiento abreviado el pasado 9 y 19 de enero, el tribunal condenó a José Miguel Contreras López, Carlos Gallardo Mura, a las penas los primeros de 5 años de presidio menor en su grado máximo, mientras que a dos menores de edad a 3 años por los delitos de homicidio frustrado contra Carabineros y daños calificados.
Asimismo, fue condenado Sergio Valladares Aguirre a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, cometido contra el Ferrocarril de Antofagasta-Bolivia (FCAB). El hecho fue ocurrido el 10 de enero de 2020, cuando un grupo de sujetos prendieron fuego a una locomotora en calle Iquique, generando posteriormente su incendio.
Las penas impuestas por el Tribunal deberán cumplirse por los imputados mayores de edad con libertad vigilada intensiva; mientras, los menores deberán hacerlo con libertad asistida especial, lo que resulta como consecuencia de la cuantía de la pena fijada por el Tribunal.
En forma paralela, la Defensoría Penal Pública informó que tras varios intentos, el defensor penal juvenil Francisco Barahona logró sustituir la internacion provisoria que mantuvo más de 6 meses en privación de libertad a un adolescente acusado de participar en el incendio del Ferrocarril en el contexto del llamado Estallido Social.
El Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar indicó que, “esta investigación, llevada adelante por la Fiscalía de Antofagasta y por la BH de la PDI fue bastante compleja, teniendo en cuenta la forma de comisión de los delitos indagados y que no hubo detenidos flagrantes, por lo que se realizaron múltiples diligencias para lograr finalmente su esclarecimiento e identificación de los autores que resultaron condenados”
Durante la investigación se realizaron allanamientos a viviendas, además de presentación de querellas por parte del Gobierno Regional, que expresó especial interés en obtener penas de cárcel por daños materiales, en contraste a la ausencia de acciones de su parte en materia de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social.
En este sentido, la Coordinadora Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Valeria Ibarra, reconoció que “esta condena es fruto del trabajo en conjunto entre el Gobierno, las policías, la Fiscalía Local de Antofagasta, la que esperamos sirva de ejemplo“.
Precisamente estas presiones políticas realizadas por el Gobierno a las investigaciones, junto con la extensa prisión preventiva en contra de las personas detenidas sin que aún se realizara un juicio que determinara su culpabilidad o inocencia, ha llevado a diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos a denunciar que se trata de prisión política, denunciando falta de imparcialidad en los procesos y abuso de la medida de prisión preventiva, que se extendió por más de un año en algunos casos.
