El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, condenó a Francisco Javier Salazar Velozo a una pena total de 14 años de presidio por el delito consumado de manejo en estado de ebriedad, con 2.72 gramos de alcohol por cada litro de sangre, en diciembre del 2019, causando daños y lesiones a ocupantes de un primer vehículo impactado, un segundo automóvil chocado, atropello de dos peatones de los cuales una mujer de 62 años perdió la vida y la segunda persona resultó con lesiones graves, para luego atropellar a un ciclista que quedó parapléjico y finalmente colisionar con un block de departamentos.
A los hechos, se le suma que infringió el artículo 195 de la ley de tránsito, por no detener la marcha, prestar ayuda a las víctimas, ni entregarse a las autoridades tras lo ocurrido, ya que al cometer los delitos éste intentó huir a pie, sin embargo, fue alcanzado por testigos quienes lo entregaron a carabineros.
Por otro lado, cabe recordar que el imputado mantenía su licencia de conducir suspendida por espacio de dos años, en virtud de la sentencia dictada el 25 de abril 2019 y otra sentencia del mismo carácter en mayo 2019, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
CONDENA
Con un fallo unánime el tribunal aplicó una doble pena de 10 y 4 años de presidio contra el hombre, además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica; más el pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $1.022.620 (Valor con fecha de febrero 2021).
Asimismo, Salazar Velozo deberá purgar los 4 años de presidio, accesorias legales y el pago de una multa de 15 UTM ($766.965), como autor del delito consumado, contemplado en el artículo 195 de la ley de tránsito.
Agregando, que al ser ejecutado el fallo, se procederá a tomar muestras biológicas del acusado para determinar su huella genética e incluirlo en el registro nacional de ADN de condenados.
En el aspecto civil, el tribunal acogió la demanda deducida y condenó al demandado a pagar al querellante Óscar Rosas Pustela una indemnización total de $60.000.000 por concepto de daño moral, más costas.
