“Que se vaya el violador”: Vecinos de Antofagasta protestan exigiendo justicia para menor de edad con deficiencia mental abusada

La comunidad del sector llama a manifestarse esta noche a las 20:30 horas a través de una marcha que se extenderá desde las afueras del domicilio del imputado hasta la Avenida República de Croacia, para exigir justicia por Ignacia y todos los niños, niñas y jóvenes vulnerados en Chile.

Bajo la consigna “Justicia para Ignacia” vecinos del sector Playa Blanca al lado sur de Antofagasta invitan a seguir manifestándose para exigir justicia para la menor que fue abusada por un vecino del lugar, quien hoy se mantiene con arresto domiciliario. Con una vida afectada para siempre, una familia destrozada ante los hechos y una comunidad completa llaman a luchar por todos los niños, niñas y jóvenes vulnerados en Chile.

Desde hace un par de días, el repudiable acto fue ampliamente compartido por redes sociales, donde se escuchó un desgarrador audio enviado por la abuela de la joven agredida, Rosa Reyes, Presidenta de la junta de vecinos, quien muy afectada se refirió a la falta de justicia en contra del hombre que abusó de su nieta, el cual había salido hace poco tiempo de la cárcel.

Así como también llamó a cuidar a sus nietos e hijos, “Esta con arresto domiciliario, está en su casa, mientras nosotros tenemos el corazón quebrado, mientras mi hija sufre y mi nieta también (…) mientras le rompen los sueños a una niña, a una niña con una discapacidad“, añadió entre sus palabras.

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Tras noches haciendo escuchar su pena y rabia en las afueras del domicilio del violador, L.O.P.L., hoy los vecinos de la zona no bajan los brazos, convocando una marcha para este miércoles 23 a las 20:30 horas con inicio en Carlos Silva Vildósola para recorrer las calles y pasajes hasta llegar a República de Croacia, con gritos y carteles que no cesarán hasta conseguir justicia.

Cabe destacar, que pese a que la Fiscalía solicitó la máxima medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, este sólo quedó con arresto domiciliario mientras se realiza la investigación correspondiente en un plazo de 90 días, lo que ha causado indignación en la población.

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