El 30 de agosto de 2017, la mujer de nacionalidad haitiana, Joane Florvil llegó junto a su hija de dos meses a la oficina de Protección de Derechos (OPD) de la comuna de Lo Prado, en Santiago. Con el fin de preguntar por unos documentos que había perdido su esposo, Wilfred.
Allí, con el escaso español que manejaba, quiso explicarle al guardia del lugar lo sucedido sin mucho resultado. Mientras buscaba a alguien que oficiara de intérprete, dejó a su pequeña en cuidados de quien ella pensó era un policía, algo común en Haití, donde las fuerzas de orden resguardan oficinas y se consideran personas de confianza.
Fue en ese momento que se le acusó de abandonar a su hija y fue detenida en la 48° Comisaría de Carabineros. Donde el 31 de agosto de 2017, estando en el calabozo se provocó autolesiones, al golpearse su cabeza contra las paredes debido a la impotencia que sentía. A raíz de esto, fue trasladada de urgencia hacia la Posta Central.
Sin embargo, el 29 de septiembre de 2017, nuevamente tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el Hospital Clínico UC, donde falleció en la mañana del 30 de septiembre debido a una falla hepática fulminante. Mientras, su hija permanecía bajo custodia del Sename y la Municipalidad de Lo Prado tuvo que pagar cinco UTM ($250.000) como reparación a su familia.
Choque Cultural
Realyno Florvil, hermano de Joane, junto a su pareja Roxana del Campo, indicaron que una de las cosas pendientes era restaurar la honra de Joane.
Entre las “cosas que más le perturbó a Joane fue que la expusieron ante el escrutinio público, esposada con las manos atrás. En Haití los peores reos son los que se esposan así, a las mujeres jamás las esposan, y si lo hacen, es con las manos adelante. Fue muy denigrante para ella. Los medios que la acusaron de abandonar a su hija no han pedido disculpas y tampoco han publicado la sanción de la Corte Suprema, lo que sería reparatorio en pos de su memoria. Cuando llevaron a Joane a la posta recién le dieron más tiempo a la noticia, pero fue desde el morbo. Ella murió con toda la deshonra que sentía que le había llevado a su familia, se fue con esa pena”, declaró Roxana del Campo.
Rechazo a la Utilización de su Imagen con Fines Políticos
“Nuestra familia no comparte que la imagen de Joane sea utilizada con fines políticos (…) Esta vez Joane fue utilizada en la franja política presidencial, en su condición de mujer, afrodescendiente y migrante haitiana”, indicaron luego de que la imagen y el caso de la mujer fuera expuesto en la franja electoral del candidato presidencial, José Antonio Kast, durante este domingo 24 de octubre.
La familia de Florvil explicó que, “horrorizados vemos un aprovechamiento de su imagen, es sabido que la muerte de Joane marcó una profunda cicatriz en nuestra familia, en la comunidad haitiana y en la población chilena, con actos como esta dicha cicatriz se vuelve abrir y sangrar profundamente”.
iMAGEN EXTRAÍDA DE LA FRANJA ELECTORAL DEL 24 DE OCTUBRE 
iMAGEN EXTRAÍDA DE LA FRANJA ELECTORAL DEL 24 DE OCTUBRE
Justicia para Joane Florvil
A través del comunicado, también indicaron que su propósito es visibilizar la violencia institucional que existe y de la que fue víctima Joane, “quien falleció en manos del estado después de 30 días de calvario y hasta el día de hoy no están esclarecidas las causas de su muerte, pero sí sabemos que el racimo mata”.
Además, quisieron aclarar la existencia de una sentencia póstuma que indicó que la mujer nunca abandonó a su hija y que sus derechos fueron vulnerados, por lo que fue declarada inocente de los hechos que le incriminaron.
“Joane tuvo una agonía de 30 días sin alimentar, acariciar y ver a su hija chilena de dos meses, se fue de este mundo con la peor tristeza que una madre puede sufrir, sin poder abrazar y besar a su bebe”, afirmó su familia.
Actualmente, el 23 de julio, la investigación por el caso de Joane fue reabierta por un plazo de 150 días, por el Juzgado de Garantía de Santiago tras la petición del INDH por estimar que la investigación del Ministerio Público no estaba agotada, ya que, no se habían tomado declaraciones a todos las y los funcionarios involucrados, entre otras cosas.
Por lo que el tribunal acogió la argumentación sostenida por el INDH, pese a la oposición del Ministerio Público. Argumentación que apuntaban a que el Estado de Chile tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos, con investigaciones de oficio, oportunas, competentes, realizadas por órganos independientes, exhaustivas y con respeto a la participación de las víctimas y de sus familiares.
