La situación del comercio ambulante en la ciudad de Antofagasta representa una bola de nieve a la que mientras más se le deja rodar con soltura, más grande y peligrosa se pondrá. Sin embargo, lejos de ser alarmista, el tema propone una conversación más profunda sobre las aristas que tiene.
La pandemia creó una honda crisis económica en nuestro país, donde en su punto peak llegó a generar más de 1.8 millones de nuevos cesantes. Esa realidad, sumado a las condiciones previas en Chile, con un mercado laboral rígido, un modelo que no produce valor agregado, y una baja calidad de los servicios públicos, obliga a pensar no solo en las soluciones a la informalidad en el empleo, sino que también en sus causas.
A ese contexto, necesariamente hay que sumar la arista migratoria, pues es ahí también donde están parte los elementos a considerar en la generación de políticas públicas sobre el comercio informal. Ya en la encuesta Empleo del INE en 2020 indicaba que casi la mitad de los puestos de trabajo ocupados por extranjeros en la región de Antofagasta son informales (40,6%).
Recordemos que la crisis humanitaria del flujo migratorio demandó de las autoridades comunales y regionales importantes coordinaciones, y fue contenida en parte, por la acción mancomunada entre el nuevo Gobierno Regional y el Gobierno Central; vinieron ministros a la región, se inyectaron recursos a través de proyectos aprobados por el CORE y se tomó conciencia de la importancia del tema, incluso desde una interpelación al ministro del Interior para buscar respuestas al problema que fue impulasada por el gobernador Díaz.
Por su parte, y a diferencia de lo anterior, a la crisis del comercio informal e inseguridad en el centro de la ciudad aún no se le da una respuesta contundente por parte de las autoridades comunales y a cargo de la seguridad. No es entregar respuestas sencillas a problemas complejos, pero, partiendo por reconocer que la materia lleva meses en estado de crisis y lo que se ha visto es un mero juego de máscaras eludiendo responsabilidades, es tomar la iniciativa para buscar soluciones.
En ese sentido, la ausencia de un paquete de medidas significa un abandono que solo genera incertidumbre y situaciones complicadas, como las denunciadas por la Cámara de Comercio de Antofagasta sobre la existencia de bandas que cobrarían por uso de suelo a comerciantes.
En pleno centro de la ciudad, en un contexto en donde se necesita mirar a la capital regional como una ciudad no solo como eje central de la gran minería mundial, sino que también como atractivo turístico, no se explica la inacción de políticas ante la gravedad de la situación.
Más allá de apuntar a responsables, lo delicado es mirar el malestar social que ya genera en la población la sensación de inseguridad en un espacio tan apreciado. Es imperante volver a las soluciones y que sean desde la raíz del problema. Para esto, la actitud de la política pública que impulsen los actores, debe considerar un factor que también cruza la crisis humanitaria del flujo migratorio: el desafío de la planificación.
