Corría el 2017 cuando en la Corporación Municipal de Calama (COMDES) se efectuaron diversas reuniones del “Comité de análisis de proyecto Clínica Dental”, proyecto que no contaba con fondos para ejecutarse. En dicho comité participaba, entre otras personas, Jubitza Tapia, Directora de Gestión; y Carlos Brito, el jefe de Planificación de la corporación, quien quedó a cargo de buscar los terrenos para la construcción de una clínica dental con fondos municipales. Tapia era la jefa directa de Brito y prima hermana del alcalde Daniel Agusto, quien hoy es delegado presidencial del presidente Sebastián Piñera en la región de Antofagasta.
Gregorio Rodríguez, Director Ejecutivo de la corporación nombrado por el entonces Alcalde y presidente de la corporación, Daniel Agusto (RN), llevó a Brito a ver una casa ubicada en Condell 2043, Villa Chica, Calama; inmueble que fue propuesto por Brito junto a otros dos que se incluyeron formalmente en la propuesta a solicitud de Rodríguez.
La tasación bancaria (BCI) de la vivienda de calle Condell era de $150.430.000, sin embargo uno de los dueños, Bernardino Tapia (además funcionario municipal en Calama) el 6 de septiembre de 2017 fue a las oficinas de la corporación a ofertar el inmueble en $190.000.000. Rodríguez reunió al Comité al día siguiente y en esa instancia se decidió que, ante la falta de presupuesto para el proyecto dental, se usarían fondos per cápita que estaban destinados a salud municipal, lo que es irregular.
¿Por qué no contaban con recursos para el proyecto? Según el Consejo de Defensa del Estado, si bien se argumentó por la corporación que utilizarían una donación de BCI, el propio banco rechazó el proyecto porque su donación era para educación; luego el organismo decidió a toda costa financiar el proyecto dental utilizando dineros per cápita que son fondos públicos destinados expresamente a determinados servicios para la comunidad en salud, por lo que no pueden “redestinarse” de un día para otro; sobretodo porque en Plan Anual de Salud de COMDES 2017 no se contemplaba esta clínica dental, de modo que nada justificaría su financiamiento público.
Fue el 14 de septiembre el día en que se reunió el comité donde Brito, subordinado de Tapia, calificó como más favorable la casa de calle Condell, presentando en diciembre un documento en que coinciden convenientemente la ubicación y presupuesto para adquirir el terreno con la ubicación y precio del referido inmueble; terminando por confirmarse por Rodríguez la compra el 15 de enero de 2018 en los $190.000.000 solicitados por Bernardino Tapia.
¿Cuál fue la sorpresa? La gran sorpresa fue que la vivienda pertenece hace más de 10 años a una sociedad hereditaria en que es parte Jubitza Tapia, prima del entonces alcalde Daniel Agusto (RN, hoy delegado presidencial regional del presidente Sebastián Piñera), jefa de Brito (el encargado de buscar los terrenos y que recomendó inmueble de Tapia como el más favorable) y sobrina de Bernardino Tapia, el funcionario municipal que ofreció la casa en $190.000.000 aún cuando su tasación bancaria era de $140.430.000.
Previamente, si bien en la sesión del 7 de septiembre de 2017 se le hizo presente a Jubitza Tapia que uno de los terrenos que se ofertaban era de su propiedad y se le emplazó a no participar de la toma de decisiones, el Consejo de Defensa del Estado acusa que ella “siguió participando activa y directamente en la compraventa de su propio inmueble”, lo que respaldan porque Tapia junto a María Calderón confirmaron que comenzarían con la etapa de compra del terreno, interviniendo en la escritura pública de la compraventa en notaría y en la solicitud de la emisión del vale vista a BCI a nombre de su tío, Bernardino Tapia. El vale vista se pagó con fondos destinados a operaciones de salud, no a la compra de inmuebles, por lo que “no correspondía aplicar estos fondos a la compra del inmueble referido”, señala la querella.
“Finalmente, en virtud del abandono permanente del terreno y a fin de justificar forzosamente su adquisición, se intentó darle utilizad reemplazando el proyecto por el de ‘Droguería Comunal de Atención Primeria COMDES’, sin embargo tampoco pudo ser implementado, por lo que hasta el día de hoy el cuantioso inmueble se encuentra desocupado y será utilizado para almacenaje, logística y distribución de medicamentos”, se lee en el libelo.
El 16 de diciembre de 2020 la Constraloría Regional ordenó al Servicio de Salud de Antofagasta ejercer los medios para exigir a COMDES la restitución de los 190 millones, lo que a la fecha de presentación de la querella no había ocurrido. Hoy la máxima autoridad regional es Daniel Agusto, el primo hermano de la querellada.
FORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
El 9 de junio de 2021 el Juzgado de Garantía de Calama declaró interpuesta la querella del Consejo de Defensa del Estado contra Jubitza Tapia, Gregorio Rodríguez y contra todo aquel que resulte responsable por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible, en calidad de autores, cómplices o encubridores; e iniciaron las diligencias de investigación. El 28 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia de formalización por el delito de Fraude al Fisco y se decretó orden de arraigo y firma mensual para Tapia y Rodríguez, a fin de evitar que salgan del país y conocer su paradero. La Fiscalía, por su parte, tiene plazo de 6 meses a contar de dicho día para investigar antes del juicio en que se determinará la inocencia o culpabilidad del delito imputado.
REACCIONES
El Senador Electo por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) sostuvo que “hay responsables mayores de esta compra y que también son familiares de los dueños de esta casa sobrevalorada que compraron en la COMDES; me refiero a Daniel Agusto (RN) quien siendo alcalde de Calama y presidente de la Corporación no resguardó el patrimonio municipal ante la compra de esa casa a sus familiares directos; un personaje que hoy de desempeña en un cargo de confianza del presidente Sebastián Piñera como su delegado en la región y que tuvo, además, a la destituida administradora municipal del mismo período como SEREMI de Bienes Nacionales, a cargo de los inmuebles públicos en la región antes de la llegada de Colman”.
“A nuestro juicio hubo una especie de asociación ilícita para cometer el delito de fraude al fisco que el Consejo de Defensa del Estado acusa a los imputados y el delegado presidencial debe restituir los dineros públicos que están hoy en manos de sus familiares”, concluyó el legislador.
