El Juzgado de garantía de Antofagasta decretó este jueves la prisión preventiva para dos ciudadanos venezolanos identificados con las iniciales D.A.G.S. y R.J.S.CH, por el crimen de Angel Garcia de 16 años, joven de nacionalidad boliviana y estudiante del Liceo Industrial.
El Juez de Garantía decretó que la libertad de ambos acusados, de nacionalidad venezolana, conforma un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo cual estableció que ambos sujetos deben permanecer en prisión mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, detalló los hechos por los cuales acusa a ambos imputados por el homicidio calificado del estudiante y también las declaraciones de varios testigos protegidos, que dan cuenta de la brutalidad de la agresión.
De acuerdo al Ministerio Público, el joven fue agredido por un grupo de individuos, quienes sostenían que la víctima se habría encontrado robando, por lo cual comenzaron a agredirlo con golpes de puños y pies.
Asimismo, uno de los sujetos, que sería un repartidor de una aplicación de delivery, “utilizó un casco de motocicleta para golpear al menor en su cabeza“.
Los dos imputados además son sindicados como responsables de trasladar al joven ya herido a la fuerza a calle Calama y “luego lo inmovilizaron para que aprovechando su numero, continuaran con la agresión junto a otros sujetos, para finalmente matarlo con golpes de puño y pies y con un cuchillo“.
De acuerdo a la fiscalía, a consecuencia de estos hechos “la víctima falleció por hipovolemia aguda por herida de arma blanca en el muslo derecho“. Además, el joven presentaba otras lesiones en su cabeza y cuerpo a consecuencia de la golpiza.
Durante el juicio se determinó identificar a los imputados sólo con las iniciales y no exhibir sus rostros.
Los diferentes testigos que entregaron su testimonio al Ministerio Público dan cuenta de la violencia de la agresión y que los imputados no detuvieron sus ataques, reconociendo además a los dos imputados en el lugar de los hechos.
Asimismo, entre las pruebas se presentaron registros de cámaras de seguridad, los testimonios de los propios imputados admitiendo estar presentes en el lugar, las pericias del OS9 de Carabineros y el casco de uno de los imputados, con manchas de sangre.
El fiscal hizo hincapié en que la víctima estaba desarmada y los imputados, aprovechando su superioridad en número y que la víctima estaba inmovilizada, participaron del ataque.
Asimismo, respecto a la versión de la defensa de los imputados, quienes afirman que la víctima se encontraba robando, lo que a su parecer justificaría el ataque, el fiscal destacó que “nunca hubo un robo. Solo es una justificación para agredir a un joven solo y desarmado. No hay un solo testimonio que indique un daño patrimonial. No existió delito de robo, está descartado“.
La defensa de los imputados afirmó por su parte que ambos acusados solo habrían cometido el delito de agredir a la víctima, pensando que esta habría cometido un robo y que estaban realizando una “detención ciudadana”, lo cual resultó ser falso, pero consideran que no tenían como objetivo quitarle la vida.
Finalmente el juez estableció que se configuran las condiciones mencionadas por la fiscalía para que los acusados permanezcan privados de libertad mientras se realiza la investigación.
