Durante la tarde de este miércoles, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna de Antofagasta, se manifestó por el centro de la ciudad para exigir el rechazo de la Ley 14014-24, conocida como la Ley Anti Tomas.
A su vez, la organización pide regular las instalaciones de los medidores por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y agilizar el trabajo de las fundaciones con los campamentos, que se han detenido por los últimos casos de presunta corrupción.
16 comités de vivienda se movilizaron durante la jornada, desde el inicio del Paseo Prat hasta el frontis del Serviu, con el fin de comunicar sus peticiones al director de la institución de vivienda y urbanismo, Ricardo González.
Entre los manifestantes, se encontraba Manuel Díaz, presidente del campamento El Ranchito, quien declaró una falta de fiscalización por parte del Serviu a los medidores instalados por la misma institución, pues presentan una estructura defectuosa que genera goteras. Servicio que en pocas semanas, comenzará a cobrarse.
“Ahora Serviu nos pasó medidores para el agua, pero unos medidores deficientes, y ya quieren ir a cobrarnos. Nosotros estamos dispuestos a pagar luz y agua, pero también queremos que nos hagan un buen trabajo”, reclamó Díaz. A su vez, Manuel Díaz comentó la complicada situación en que se encuentran los comités de vivienda. “Cada vez que cambian de gobierno, hay que volver a hacer todo el papeleo y eso es costoso. Eso es tiempo para los vecinos, para nosotros los dirigentes”, comentó el cabecilla del campamento El Ranchito.
De igual manera, la vocera del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Elizabeth Andrade, mencionó otras preocupaciones, como la paralización de traspasos de recursos a las fundaciones que trabajan con los campamentos, a raíz del caso de presunta corrupción que involucra a la fundación Democracia Viva. ”No sabemos si en realidad los trabajos van a continuar o no. Nos dicen que tengamos calma, pero nosotros estamos claros que en el próximo gobierno, si esto no avanza, se va a quedar paralizado”, declaró Elizabeth.
Otro de las peticiones de la organización, es el rechazo de la iniciativa parlamentaria Ley 14015-25, conocida como Ley Anti Tomas, que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, además de modificar el Código Penal para aplicar sanciones más graves a las personas que ocupan un terreno irregularmente. “La ley criminaliza las tomas de terreno, que se hace por necesidad de vivienda. Hacemos un llamado a las organizaciones populares, a mantener y expandir la resistencia ante este tipo de leyes que promueven la violencia, hacia quienes no tienen casa”, sentenció la dirigenta.
Esta manifestación denominada “Viviendazo Nacional”, que convocó a otras cuatro regiones del país, como Santiago, Valparaíso, Los Lagos e Iquique, pretende seguir movilizándose para hacer velar sus peticiones y así conseguir el tan anhelado acceso a una vivienda digna.