Tras un prolongado proceso, la Justicia ha confirmado la sentencia de 10 años de presidio para el ex alcalde de Guaitecas, Cristian Alejandro Alvarado Oyarzo, quien fue declarado culpable de malversación de fondos públicos.
La sentencia fue emitida en diciembre de 2021 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en la Región de Aysén. La decisión se produce después de que la defensa del acusado presentara un recurso de nulidad, que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El proceso judicial se originó, en parte, a raíz del Informe Final de Investigación Especial N° 76 de 2017, de la Contraloría Regional de Aysén. Este informe, que detallaba diversas irregularidades dentro del municipio, fue remitido al Ministerio Público, que llevó a cabo investigaciones adicionales en 2018. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también actuó como querellante en el caso.
Esta sentencia marca un hito en la lucha contra la corrupción en Chile. La investigación de la Fiscalía reveló que Alvarado y el acusado Raúl Mansilla Barría, que lamentablemente falleció debido a problemas de salud, desviaron fondos de cuentas fiscales y de la Empresa Eléctrica Municipal de Melinka a sus propias cuentas o a terceros. Lo hicieron mediante operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias de fondos sin respaldo o con facturas y decretos de pago falsos. Esta trama involucró a varios cómplices, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para el desvío de los fondos públicos.
Además de cumplir 10 años de prisión, Alvarado Oyarzo fue condenado a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure su condena. Además, deberá pagar una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de 950 mil pesos) y, junto con los otros condenados, deberá indemnizar al municipio por un monto de 351 millones de pesos, el total del fraude cometido contra las cuentas fiscales de la Municipalidad de Guaitecas.
Esta sentencia representa un fuerte golpe contra la corrupción y envía un mensaje claro de que quienes desvían fondos públicos enfrentarán consecuencias severas.