La situación política en Antofagasta se ha tornado turbulenta con dos de sus figuras públicas enfrentando graves acusaciones legales.
Por una parte, el alcalde Jonathan Velásquez Ramírez (IND. ex Evopoli), fue condenado recientemente la justicia a la pena de 540 días de prisión (que conmutó por libertad con firma mensual), multa y además la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
En paralelo Velásquez enfrenta otras acusaciones ante la justicia por fraude al fisco, por los millonarios tratos directos con la empresa de aseo Demarco y el uso de asesoría de abogados del municipio para su defensa en causas de índole personal.
Por otro lado, la concejala Paz Fuica (recientemente expulsada de RD), permanece en prisión preventiva por su posible participación en el Caso Democracia Viva, imputada por tres delitos de fraude al fisco. A pesar de que la concejala había reafirmado no estar vinculada con los hechos, el Ministerio Público sostuvo evidencia en su contra y solicitó la prisión preventiva durante el periodo de investigación por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad. Un requerimiento que fue concedido por la justicia.
Siguen en sus puestos por ahora
Tanto en el caso de Velásquez como en el caso de Fuica, ambas autoridades permanecen de momento en sus cargos. En el caso de Velásquez, este no ha aplicado aún la suspensión en su contra dado que su defensa espera apelar al fallo condenatorio en su contra, mientras que Fuica se encuentra en prisión preventiva en calidad de imputada.
Para el analista político Cristian Zamorano, existe actualmente una crisis política en el municipio, por lo que la mantención de Paz Fuica en su cargo es complicada durante los 5 meses de prisión preventiva, mientras que en el caso de Velásquez, lo que correspondería es la inmediata inhabilitación del alcalde en sus funciones tras la condena en su contra.
“La política es la gestión de la polis. Actualmente tenemos dos autoridades municipales encargadas de gestionar la ciudad, que están procesadas por la justicia. Claramente estamos ante una crisis de carácter político que afecta a la administración“, indicó, añadiendo que el alcalde Velásquez debiera desde ya inhabilitarse.
“Hay una sentencia. Lo que está suspendido es la ejecución, por la intención de apelar. Lo que correspondería es que el propio alcalde se auto inhabilite del cargo. Hay un deber de actuar, que debería ser en coincidencia a lo que él mismo planteaba cuando se autodenominaba superconcejal. El concejal Jonathan Velásquez le hubiera pedido la inhabilitación al alcalde, como lo hizo durante el periodo de la ex alcaldesa Rojo, pero ahora que él es alcalde no lo hace“, indicó el doctor en ciencias políticas.
Sobre la posible suspensión en el cargo del alcalde, para el concejal Waldo Valderrama (PC), que Velásquez no logre finalizar su periodo era un escenario posible.
“Si es ratificada la condena y la apelación no es favorable, corresponderá al concejo municipal durante el periodo que queda. Varios de los últimos alcaldes de Antofagasta no han terminado su periodo, no es una buena noticia, pero considerando las faltas graves que ha cometido este alcalde, era un escenario muy posible“, indicó.
Por su parte el concejal Luis Aguilera (Ind. ex RN) indicó que el alcalde Velásquez debería pedir disculpas por sus dichos y que además, correspondería que “se debería suspender del cargo u oficio público a cualquiera persona que sea condenado mientras cumpla dicha sentencia”.
Alcalde al borde de la suspensión
Durante los últimos días circuló en redes sociales un documento que supuestamente podría mejorar la situación de Velásquez. Sin embargo, este diario verificó su invalidez y que no correspondía a un dictamen de la Contraloría, sino que a una minuta con una interpretación errónea sobre cambio de criterio juridisprencial de la Contraloría establecido en el dictamen situación que además lejos de salvar al alcalde, ratifica que la conmutación de la pena de carcel por firma mensual y la consecuente eliminación de la anotación de sus antecedentes penales, no lo exime de cumplir la pena accesoria, que es la suspensión de cargos y oficios públicos.
Además, abogados penalistas coinciden en que quien interpreta los fallos judiciales son los tribunales, por lo que lo que corresponde si la sentencia queda ejecutoriada, es que se aplique la sentencia contra Velásquez en lo relacionado a su pena accesoria, que es la suspensión del cargo y oficios públicos durante el periodo de la condena, independiente de que el condenado tenga derecho a la eliminación de la anotación en su hoja de antecedentes penales, como es el caso.
La confluencia de estos casos en el municipio de Antofagasta ha generado un ambiente de descontento e incluso vergüenza entre los ciudadanos.
La permanencia de ambas autoridades en sus cargos, levanta cuestionamientos sobre el respeto a los cargos que ocupan y los vecinos de Antofagasta. Las próximas jornadas serán claves para conocer si se siguen produciendo cambios que modifiquen el tablero político en la ciudad.
