
La iniciativa busca en su primera etapa poner a disposición de los adultos mayores del puerto productos de primera necesidad con precios hasta un 40% más bajos, considerando los altos valores que cobran las grandes cadenas, los conocidos escándalos de colusión por parte de algunas empresas para subir artificialmente los precios y las miserables pensiones que paga el cuestionado modelo privado de AFP impuesto inconsultamente al país en los años 80.
Frente a esto, la contraloría tiene un plazo de 15 días para responder, mediante un informe. En paralelo, el alcalde precisa que el programa social Supermercado Popular va sí o sí y que, de hecho, esperan inaugurarlo durante el presente mes de mayo.