La justicia revoca dictatorial medida del Intendente de Antofagasta

Invocando un artículo del decreto de ley de extranjería que data de la dictadura militar, Arturo Molina (DC) había decretado la expulsión del país de tres jóvenes de nacionalidad peruana debido a que portaban libros con literatura marxista y anarquista.

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La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este martes 18 de abril  el recurso de amparo presentado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en favor de tres estudiantes de nacionalidad peruana que fueron expulsados del territorio nacional el 26 de enero pasado, por supuestamente propagar o fomentar doctrinas que tienden a destruir o alterar por la violencia el orden social del país, al encontrarse en su poder libros y publicaciones sobre anarquismo.

En fallo unánime (causa rol 84-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Virginia Soublette Miranda y la abogada (i) Macarena Silva Boggiano– dejó sin efecto las resoluciones exentas del 23 y 24 de enero pasado, dictadas por la Intendencia Regional de Antofagasta que decretaron la expulsión del país de los amparados.

Pese a lo informado por Policía de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, sólo se hace referencia a la infracción de la normativa de extranjería, sin indicar, precisar y domeñar el actuar de los amparados a algún hecho en específico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fáctico. Por lo demás, la imputación al anarquismo no constituye per se actos violentos y reprimidos, referidos en el Decreto Ley N° 1.094, desde que no es más que un pensamiento filosófico para defender la libertad individual”, establece el fallo.

La resolución que se cumplió el 26 de enero pasado, está basada en un informe de la PDI que argumentaba que a los tres jóvenes se les encontró literatura anarquista y marxista, al tiempo que participaban en actividades en universidades, según convocatorias publicadas en redes sociales, como Facebook. El recurso de amparo presentado por el INDH y la organización de migrantes busca que la Justicia declare ilegal la decisión de la Intendencia Regional.

Según informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la resolución exenta de la Intendencia invoca el artículo 15 de la Ley de Extranjería, que señala “que no podrán ingresar al país quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”.

Según la versión entregada por los jóvenes expulsados, los tres ingresaron a Chile por la frontera norte Tacna-Arica el 18 de enero con visa de turistas y, además de recorrer el país, aprovecharían de recoger antecedentes sobre los movimientos obreros del norte para sus estudios de ciencias sociales, razón por la que viajaban con materiales de estudio, entre ellos libros vinculados a las teorías marxistas y anarquistas.

Según el recurso de amparo, “la policía realizó un ilegal e infundado acoso sistemático en contra de los estudiantes peruanos desde que ingresaron a Chile, contra quienes presentaron una denuncia por el simple hecho de poseer unos libros de marxismo y ciencias sociales en general. Esta denuncia fue la base para que el Intendente de Antofagasta, Arturo Rosamel Molina Henríquez, dispusiera su expulsión del país, al considerarlos ‘propagandistas o incitadores de ideologías’ que entiende son contrarias a la estabilidad del país”.

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO

Los jóvenes llegaron desde Tacna a Arica, luego partieron Iquique, para dirigirse finalmente hasta Antofagasta, en un recorrido que hicieron por tramos para conocer distintos lugares. Al bajarse del primer bus que tomaron en Iquique, fueron abordados por efectivos de la PDI, quienes “sin motivo” les realizaron un “extenso interrogatorio” sobre su viaje, que se repitió quince minutos después.

Tras el primer encuentro con la policía, se alojaron en Antofagasta en la casa de amigos chilenos. Luego, el 24 de enero, viajaron a La Serena, donde la PDI “montó un operativo de seguimiento y vigilancia a la casa, hostilizando en forma constante a los amparados, con controles de identidad y seguimientos, inclusive a las amistades de los amparados, así como a vecinos de la casa donde alojaban”. Dos días después, en momentos que los jóvenes realizaban unas compras, fueron intervenidos nuevamente por efectivos policiales que hacían un “control rutinario”, quienes los detuvieron y llevaron a la unidad de Policía Internacional de la PDI de la Serena.

En el cuartel, un subcomisario volvió a interrogarlos, ahora “de forma grosera y prepotente”, les “exigió específicamente que declararan cuál es su ideología”, y asumiendo que eran anarquistas les preguntó si habían participado en eventos sobre el tema. Ante la negativa de los amparados, “el subcomisario les dijo que estaban detenidos por no darles mayor información”, y enseguida les dijo “que tenía una orden de expulsión en su contra dictada por el intendente de Antofagasta, les filmó una declaración y los amenazó, entre otras cosas, con hablar con el lenguaje universal de la violencia”.

Luego de esto fueron esposados y conducidos en diversos vehículos hasta Arica, desde donde los expulsarían, trayecto durante el cual “no se les permitió alimentarse, fueron tratados de forma grosera e inclusive se les trató de amedrentar con llevarlos a un cuartel militar en Arica”, indica el escrito.

El recurso de amparo acogido por la justicia indica la serie de vulneraciones a los derechos que sufrieron los tres jóvenes, partiendo por la carencia de un debido proceso previo a su expulsión del país, sin que se les haya indicado qué leyes se les aplicaron y las razones de la expulsión. El escrito también recuerda a las autoridades que el Estado de Chile ha suscrito tratados y convenciones internacionales que resguardan el libre tránsito de personas, incluidas las extranjeras.

En marzo pasado en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor del ciudadano italiano, Lorenzo Spairani, quien fue expulsado de Chile el 4 de febrero pasado bajo el argumento de “encontrarse participando activamente en diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado”.

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