Organizaciones de DD.HH. exigen a Bachelet terminar con impunidad

La coordinación de agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en un encuentro que sostuvieron en el palacio de La Moneda con la Presidenta Michelle Bachelet, concordaron en tomar ciertas resoluciones para avanzar en la verdad y lograr la justicia respecto de los genocidas que actuaron durante la dictadura. Por su parte, el Ejecutivo asumió el compromiso de nombrar al ministro de Justicia José Antonio Gómez como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas que plantearon las agrupaciones.

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Las presidentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP),  Alicia Lira demandaron a la Presidenta Michelle Bachelet traducir su voluntad política en la elaboración de proyectos de ley  de fácil tramitación.

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Por su parte la mandataria se comprometió a establecer una coordinación entre los distintos ministerios, poniendo al frente de esta tarea  al ministro de Justicia José Antonio Gómez, quien deberá  concretar las demandas en materia de Derechos Humanos.

En reunión con la Presidenta Michelle Bachelet,  las representantes de las agrupaciones solicitaron terminar con los beneficios a los violadores de derechos humanos, amparándose en los tratados internacionales, cerrando el penal de Punta Peuco, una ley que impulse la degradación de militares involucrados en delitos de lesa humanidad  y avanzar en un proyecto de ley denominado “negacionismo”, para todos aquellos que hagan apología de las acciones y personas que han estado involucradas en las violaciones a los derechos humanos.

“Lo que hemos pedido es que se ponga término a la ley del secreto y a todo aquel secreto que significa el no conocimiento de nombres y de la verdad de lo que fue el genocidio en nuestro país. Entendemos que quienes ocultan esos nombres y de lo que significó la aprobación de estas leyes también fue para proteger a los violadores de los derechos humanos, pero lo mismo que le dijimos a la Presidenta, a casi 41 años del golpe de Estado nada justifica la impunidad, el secretismo y la protección a genocidas”, reafirmó la presidenta de la AFDD.

Las representantes de las agrupaciones de familiares además solicitaron al gobierno recuperar el trabajo de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) reeditando  el departamento Quinto, solicitando de forma puntual  la presencia de Sandro Gaete y Abel Lizama, a quienes destacaron como buenos investigadores.

Consultada sobre la respuesta entregada por la Presidenta Michelle Bachelet, Lorena Pizarro precisó que el compromiso es avanzar en las distintas materias planteadas. “Queremos señalar palabras textuales de la Presidenta, hay un compromiso del gobierno, hay voluntad de avanzar en esto, comprometerse de manera responsable. Hoy día no era correcto pero si la decisión de coordinar con el ministro de Justicia José Antonio Gómez en todos estos temas y de avanzar a la brevedad en esto, le hemos señalado a la Presidenta algo que también lo vamos a reiterar hoy día que estamos contra el tiempo, los genocidas envejecieron y ellos esperan morir tranquilos sin pagar un día de cárcel por los delitos que cometieron, que son de una aberración brutal”.

Alicia Lira por su parte aclaró que solicitaron la reunión pues tenían la sensación que el tema de los derechos humanos no había estado presente en la agenda de gobierno ni en los discursos presidenciales. “Sentimos por primera vez un compromiso, por eso pedimos mantener un contacto directo con un ministro que ella delegue para hacer seguimiento de estas tareas que son relevantes para la verdad y la justicia y no solamente por los familiares o las víctimas, sino por esta sociedad que hoy día persiste con tanta impunidad y que no debemos permitir que siga avanzando más, sino que exigir jueces con dedicación exclusiva”, concluyó la dirigenta.

En relación a las declaraciones emitidas por el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien no descartó la aplicación de todas las leyes que tiene hoy la normativa jurídica en este país, para enfrentar a los responsables de poner una bomba en el metro Los Dominicos, entre ellas eventualmente la Ley Antiterrorista, la presidenta de la AFDD dijo no estar en desacuerdo con el ministro.

“Está más que demostrado que la ley Antiterrorista es una de las profunda secuelas que nos dejó la dictadura y ha sido una forma de controlar la movilización social, estoy absolutamente en desacuerdo con la invocación de la ley Antiterrorista. Por suerte en Chile no sufrimos terrorismo, los únicos líderes son los terroristas de Estado que están desde la dictadura. Hay que investigar lo que sucedió en el metro, sin duda”, precisó la dirigenta de derechos humanos.

Sobre la desclasificación de archivos secretos, la presidenta de la AFDD planteó que este tema también fue discutido con la Presidenta, pero ampliando la petición a toda información que signifique acceder a nombres y esclarecer la verdad de lo que fue el genocidio cometido en contra de los luchadores sociales durante la dictadura.