El elevado sueldo de 17 millones de pesos (18.500 USD) mensuales que recibía la ex Ministra de Educación de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, por parte de la Universidad San Sebastián, ha despertado cuestionamientos a nivel transversal por el eventual uso de recursos públicos para financiar a políticos, por intermedio de instituciones de educación superior.
En efecto, mientras pagaba un salario más alto que cualquier otra universidad, al mismo tiempo la institución privada recibió recursos provenientes del Estado, por concepto de becas, crédito con Aval del Estado y fondos de investigación, entre otras, lo que abre serias interrogantes respecto a eventual financiamiento ilegal de la política.
El Ministerio Público abrió una investigación, en la cual se busca aclarar si efectivamente la Universidad San Sebastián pagó a Marcela Cubillos estas exacerbadas sumas de dinero financiadas en parte con recursos públicos, por actividades que no se habrían desarrollado.
De acuerdo a lo informado por el diario El Mostrador, Cubillos apenas impartió clases durante sus cuatro años contratada, no realizó investigación académica y además residió en el extranjero, pero continuó recibiendo su sueldo. La ex ministra y candidata a alcaldesa, por su parte, defiende que publicó tres libros y un cuarto en colaboración con otros académicos y que “siempre” estuvo entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad de Derecho. Un antecedente que fue desmentido este miércoles, al conocerse la evaluación docente donde consta que Cubillos no era precisamente la mejor evaluada por los estudiantes.
Un caso que pone en el eje central, la potencial utilización de algunas universidades como cajas pagadoras para políticos, utilizando recursos públicos. Una figura que contó con un antecedente similar registrado nada menos que en Antofagasta durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y que implicó cuestionamientos al financiamiento de las universidades.
Caso Hospital Clínico UA
En efecto el año 2019, tras una investigación periodística de El Diario de Antofagasta, el Hospital Clínico de la UA se vio envuelto en un escándalo que reveló una gestión altamente cuestionable tras la entrega del antiguo Hospital Regional a la universidad.
Las investigaciones revelaron pérdidas millonarias de equipos médicos y graves irregularidades en la administración, incluida la contratación de personas con sueldos elevados que no correspondían al trabajo realizado, ya que entonces el Hospital ni siquiera estaba habilitado para realizar funciones.
Entre los contratados figuraban familiares del senador Pedro Araya y su hermano, el diputado Jaime Araya, lo que generó fuertes sospechas de nepotismo y mal manejo de recursos públicos pertenecientes a todos los ciudadanos. El Director General del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta cuando se suscitaron las irregularidades era Zamir Nayar, ex consejero Regional del PPD, quien fue cercano colaborador de la actual candidata a Gobernadora Regional, Marcela Hernando (PR). Nayar fue Director del Servicio de Salud de Antofagasta durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet al momento en que se decidió entregar a la universidad el antiguo edificio del Hospital y su equipamiento, lo que incrementó las dudas.
El hecho generó preocupación en el Consejo Regional de Antofagasta, aunque no hubo en aquella época consecuencias que fueran más allá de lo meramente administrativo.
Frente a los cuestionamientos, la Universidad tomó la decisión de traspasar la administración del recinto médico a una fundación, además de reducir los abultados sueldos que se estaban pagando a algunos personeros ligados a figuras políticas, con el fin de igualarlos a los que se pagaban en la Universidad.
Producto de ello, algunos de los involucrados presentaron demandas laborales en contra de la Universidad y instituciones a cargo de la administración del Hospital Clínico. Juicios laborales que no llegaron a realizarse, ya que hubo un rápido acuerdo entre la universidad y estas personas, acordándose indemnizaciones millonarias a los cuatro ex directivos por despido indirecto que sumaron cerca de 80 millones de pesos, además de pagos pagos para el abogado demandante, Jaime Araya Guerrero, actual diputado.
Sin duda casos que ponen de relieve la necesaria fiscalización a la utilización de fondos públicos en las instituciones de educación superior, a fin de que estos sean utilizados íntegramente en brindar educación de calidad a los estudiantes y no para el cumplimiento de otros fines.
En el caso del ex Hospital Clínico de la UA los involucrados debieron dejar de realizar funciones en la institución, si bien cobraron jugosas indemnizaciones con cargo a las arcas de la universidad. En el caso de Marcela Cubillos el caso está en plena investigación y la atención pública se mantiene en las medidas que puedan tomarse para corregir estas prácticas y restaurar la confianza en estas instituciones.