Desde la Federación de Estudiantes rechazaron la medida y recordaron que de existir daños, se produjeron durante el violento desalojo perpetrado por carabineros y las intensas lluvias del mes de julio del 2011. Asimismo llamaron a que se persiga judicialmente a quienes lucran ilegalmente con la educación en vez de criminalizar a los jóvenes que luchan por terminar con este robo.
Una serie de notificaciones por una demanda civil en su contra, comenzaron a recibir algunos estudiantes de la Universidad Católica del Norte, que participaron de las movilizaciones del 2011 exigiendo educación sin lucro, publica, gratuita y de calidad.
La medida obedece a una acción judicial iniciada por las máximas autoridades de la casa de estudios católica a principio de este año a raíz de destrozos que supuestamente se habrían producido al interior de la universidad durante la toma que realizaron los estudiantes y que según las autoridades del establecimiento, alcanzarían los 600 millones de pesos, que ahora esperan, paguen los alumnos.
Esta acusación es rechazada rotundamente por la Federación de Estudiantes de la UCN, que recordó a los directivos de la institución que los daños que se produjeron al interior de la universidad fueron provocados durante el violento desalojo “cobarde y sin previo aviso” perpetrado por carabineros, con autorización de autoridades eclesiásticas, así como también durante las intensas lluvias del mes de julio del 2011, que afectaron algunos sectores como auditorios, gimnasio y salas.
En la oportunidad, los estudiantes en toma autorizaron el ingreso de funcionarios de la universidad para que hicieran un catastro de los daños provocados por las inundaciones y los repararan. Sin embargo, los jóvenes acusan que desde la casa de estudios se negaron a realizar cualquier reparación si se mantenía la toma y lo que es peor, posteriormente atribuyeron estos daños y las complicaciones derivadas de la falta de mantenimiento y reparación a los propios alumnos.
Considerando estos antecedentes, la actual Presidenta de la FEUCN, Michell Vargas, manifestó que los estudiantes están a la espera de que las autoridades universitarias se expliquen y den a conocer su postura frente a estos hechos, debido a que como estudiantes formaron parte de un movimiento social de carácter nacional que tenía como objetivo mejorar la calidad y el financiamiento del sistema educacional, y no hacer destrozos a la casa de estudios a la cual pertenecen.
Asimismo, mediante un comunicado público la Feucn señala que no permitirá “de ninguna manera, que se ataque judicial ni académicamente a estudiantes que, en base a esfuerzo y sacrificio, lucharon por más de 4 meses en el Paro de la UCN como medida de presión para acabar con un sistema educacional que nos tiene sumergidos en un verdadero robo“.
Por esta razón, reiteraron el llamado a manifestarse este Jueves 28 de junio, en el Frontis de la UCN, a la Marcha convocada por la Confech, no sólo por la Educación Pública, el fin al Lucro y mayor Democracia, sino que también para denunciar y acabar con la criminalización a los estudiantes que luchan, mientras los delincuentes de la educación siguen lucrando costa de las familias endeudadas, a pesar de que la ley lo prohibe expresamente.
La justicia ya ha dado la razón a los estudiantes
Cabe destacar que la Universidad Católica del Norte ya sufrió un duro revés judicial con los estudiantes, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal el cierre de semestre con clases online que realizó la casa de estudios, para obligar a los estudiantes a deponer las movilizaciones y regresar a clases.
El fallo del tribunal consideró que el Decreto 60 de la casa de estudios católica, donde se detallaba el plan de regreso a clases que en su oportunidad las autoridades universitarias calificaron como “voluntario”, en realidad ”vulnera la garantía de igualdad ante la ley”, como acusaban los estudiantes, ya que la medida otorgaba garantías a quienes optaran por volver a clases, en desmedro de aquellos que querían seguir movilizándose por la educación gratuita.
Por esta razón la universidad se vio obligada a respetar la decisión de los estudiantes que optaron por seguir movilizados y entregarles facilidades para concluir su año académico, aunque se hayan negado a cerrar el semestre, lo cual fue calificado en su momento por los dirigentes estudiantiles, como un precedente a tomar en cuenta en el futuro por el movimiento estudiantil a nivel nacional.
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