Autoridades regionales impidieron la realización del nuevo Flashmob por la educación gratuita, manifestación cultural pacífica que debió ser suspendida.
En lo que puede ser calificado como un nuevo acto de censura y violación a la libertad de expresión, las autoridades regionales de Antofagasta negaron por tercera vez a los estudiantes de La Perla del Norte, la autorización para llevar a cabo el flashmob “Regresamos a buscar la educación gratuita“.
La actividad cultural, que promete reeditar el éxito que logró el “Thriller por la educación” y que ha significado arduas jornadas de ensayo por parte de los jóvenes en diferentes gimnasios de Antofagasta, estaba contemplada inicialmente para el pasado viernes, rumoreándose incluso que podría haber contado con la presencia de dirigentes nacionales de la Confech.
Sin embargo, los estudiantes optaron por suspender su realización, luego que en una decisión inexplicable, las autoridades gubernamentales de Antofagasta, personificadas en el Gobernador Pablo Tolosa y el Intendente Álvaro Fernández, optaran por negar la autorización a este acto cultural y de libertad de expresión, hecho que incluso podría dejar la puerta abierta a una eventual represión policial, en caso de llevarse a cabo “sin permiso”.
Tercera vez que niegan el permiso
Andy Williams, uno de los realizadores del flashmob y quién tuvo una destacada participación en el “Thriller” emulando al mítico Michael Jackson, confirmó a este diario que no es primera vez que las autoridades incurren en estos actos de censura, ya que en total suman tres las ocasiones en que ha sido negada la autorización para llevar a cabo este acto cultural.
Para colmo de males, los estudiantes podrían tener alguna respuesta por parte de las autoridades regionales recién el día lunes. Sólo en caso de ser aprobado el permiso, el flashmob podría llevarse a cabo este martes, coincidiendo con el Paro Nacional por la educación del 9 de Agosto.
Cabe destacar que el polémico Decreto Supremo N°1086, creado durante la dictadura militar, es el que faculta a estos políticos para otorgar o denegar autorización a las expresiones ciudadanas, pasando por alto la Constitución Política de la República, que en su artículo 19, N° 13, asegura a todas las personas, “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas“.