Un contrato por $513.128.000 para habilitar por tres meses como residencia sanitaria a un hotel perteneciente a una sociedad integrada por esposa del parlamentario José Miguel Castro (RN) está bajo la lupa de Contraloría por eventuales irregularidades.
La Contraloría General de la República detectó que el trato directo al Hotel Altos del Sol ubicado en Mejillones, no pasó por el proceso de toma de razón necesario para transacciones de tal cantidad de recursos.
Asimismo, transcurridos casi seis meses desde que se difundió que el hotel sería usado como residencia sanitaria, la Contraloría no ha recibido copia del contrato y tampoco del acto administrativo que fundamente la necesidad de contar con los servicios de la hotelera, según indicó el ente fiscalizador a Ciper.
En relación al tema, consultada por El Diario de Antofagasta respecto a por qué aún no se ha entregado a Contraloría el contrato y el acto administrativo que fundamente el pago de más de $513 millones de pesos, la Seremi de Salud de Antofagasta señaló que “esta Autoridad Sanitaria siempre ha actuado de buena fe” y que “el uso del citado Hotel, buscó enfrentar un problema grave que afectaba a Mejillones“.
En este sentido, se indicó desde la Seremi de Salud que “el recinto, reunía todas las características necesarias que se requerían y que las dos opciones de hotel en la Comuna eran del mismo propietario“.
La Seremi de Salud sostuvo además que “el uso del Hotel como Residencia Sanitaria resultó exitoso, para lograr el debido aislamiento de una población vulnerable, mayoritariamente de campamentos cuyo contagio había comenzado a avanzar rápidamente“.
Finalmente, desde la Seremi de Salud, cerraron señalando que “el tema es materia de una revisión que está efectuando Contraloría, y que por lo tanto, no puede referir en más detalle al respecto, esperando que se aclare lo antes posible, tarea que la entidad gubernamental está desarrollando en el marco de una revisión general que compete a todas las residencias arrendadas en el país“.
No se precisó fecha de entrega de los documentos a Contraloría y tampoco si se transparentarán los detalles que fundamentaron este millonario contrato, cuya elevada cifra equivale a 25 carreras universitarias completas de 20 millones de pesos cada una o bien reparar 17 veces los daños producidos a semáforos en Antofagasta.
Mientras tanto, el parlamentario involucrado familiarmente en este negocio realizado entre la autoridad sanitaria del Gobierno al cual respalda, con el hotel perteneciente a su esposa, ha señalado que “nunca supe de esta contratación hasta que salió en medios de comunicación”, optando por no referirse mayormente al tema y en su lugar hacer campaña por su opción política vinculando falazmente actos violentos con las movilizaciones sociales en la ciudad, entre cuyas demandas precisamente se encuentra el hastío de los ciudadanos con la concentración económica y los conflictos de interés.
