Impacto ha causado en Antofagasta la situación de la continuidad en el cargo del actual alcalde, Jonathan Velásquez Ramírez, luego que la justicia acogiera a trámite la querella por el delito de fraude al fisco interpuesta por el concejal Luis Aguilera.
La acción penal indica que el alcalde Velásquez alteró un contrato ya firmado de recolección de desechos domiciliarios y asimilables aprobado en trato directo entre la IMA y la empresa DEMARCO S.A. por un monto total de $12.214.430.200 disminuyendo sus exigencias u obligaciones por el mismo precio pactado y emitió un nuevo decreto, sin someterlo a revisión del Concejo Municipal, por lo cual se imputa la eventual comisión del delito de fraude al fisco.
Una situación que trae a colación el hecho que de los últimos cuatro alcaldes electos por votación popular en Antofagasta, tres han sido acusado del delito de fraude al fisco. El primero de ellos, Daniel Adaro, fue destituido del cargo tras ser condenado por Fraude al Fisco, en 2008, la segunda, Karen Rojo, fue destituida en 2020 por el mismo delito encontrándose en proceso de extradición desde Países Bajos y ahora, el actual alcalde Jonathan Velásquez es acusado por el mismo delito.
Al respecto, conversamos con el Abogado, Magister en Derecho mención Derecho Penal y académico de la Universidad de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy de la Fuente, quien explicó el escenario en que podría repetirse el mismo escenario para el actual edil.
Según el experto, la suspensión del alcalde de una ciudad en caso de cometer un delito de malversación de caudales públicos sólo sería posible si se tienen suficientes elementos de convicción que demuestren la comisión del delito y la responsabilidad penal del alcalde.
“Ello sólo sería posible, si una vez practicada las diligencias de investigación, se tengan elementos suficientes de convicción de que habría habido la comisión de un delito y que
en el mismo le asiste responsabilidad penal al alcalde, el Ministerio Público, formalice la investigación en su contra y una vez cerrada la investigación, decida formular acusación en
su contra como autor del delito de malversación de caudales públicos“, indicó.
Según el abogado, en ese caso, el Ministerio Público formalizaría la investigación y, una vez cerrada, decidiría formular acusación contra el alcalde, lo que implicaría la suspensión de su derecho a sufragio y, por ende, la suspensión del cargo.
El abogado aclaró que la suspensión del alcalde sólo se produciría si es acusado por delito que merezca pena superior a 3 años y 1 día, y en el caso de la malversación de caudales públicos.
“En ese caso el alcalde Jonathan Velásquez, se entendería incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure su incapacidad. Ello porque en
dichas circunstancias, se suspenda su derecho a sufragio, lo que se verifica entre otros casos, si es acusado por delito que merezca pena aflictiva, es decir, por delito que merezca
pena superior a 3 años y 1 día (deben considerarse que ello ocurre, respecto de todas las penas de crímenes y las de simples delitos sancionados con pena presidio, reclusión,
confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos)“, explicó el abogado experto de la Universidad de Antofagasta.
Por los montos involucrados en la actual acusación, en principio, se produciría la suspensión del derecho a sufragio y, como consecuencia, la suspensión del cargo.
“En el caso de la malversación de caudales públicos, por los montos involucrados, en principio, si es acusado el alcalde (no basta con la formalización), se produce la suspensión
del derecho a sufragio y como consecuencia de ello, la suspensión del cargo“, indicó el abogado Cortés-Monroy.
Cabe destacar que el alcalde Jonathan Velásquez ha sido objeto de una querella presentada en su contra por supuesta malversación de caudales públicos, debido a que habría contratado a la empresa de aseo para la ciudad en condiciones menos favorables al interés municipal que las aprobadas previamente por el Concejo Municipal en dos oportunidades.
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