El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta emitió este miércoles la primera condena en el marco del caso “Plan 9 Papers”, escándalo que sacudió a la comuna luego que se filtraran conversaciones en whatsapp del alcalde Jonathan Velásquez y su grupo de asesores de confianza en horario laboral.
Se trata de una sentencia condenatoria contra la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por el alcalde Jonathan Velásquez, en una demanda por tutela laboral interpuesta por el funcionario municipal Héctor Eduardo Aguilar Codd.
La demanda se origina en una serie de actos considerados como vulneratorios de los derechos fundamentales del demandante, ocurridos desde que asumió la actual administración municipal en junio de 2021.
Aguilar, quien inició su relación laboral con la municipalidad en 2013 y desempeñó diversas funciones, incluyendo la administración del Estadio Regional, fue objeto de desplazamiento profesional, exclusión de reuniones clave, y prohibiciones de comunicación con instituciones externas tras la llegada de la nueva administración.
Se destacan situaciones como la ignorancia de solicitudes y correos electrónicos relacionados con el Estadio Regional, y la toma de decisiones sobre el estadio por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), sin considerar la autoridad y función de Aguilar.
El caso tomó un giro crítico con la filtración de conversaciones del círculo cercano al alcalde Velásquez, caso conocido como “Plan 9 Papers”, revelando mensajes despectivos y planes para cesar las funciones de Aguilar, conocido como “Randy” en los chats.
Estos hechos culminaron en su remoción intempestiva del cargo de Administrador del Estadio Regional y su reasignación a la Dirección de Aseo en noviembre de 2021, una decisión que Aguilar desconocía hasta el momento de ser notificado.
La sentencia destaca la vulneración de la integridad psíquica y honra de Aguilar, causándole un grave deterioro de salud mental, como se evidencia en informes médicos y certificados de atención. El tribunal, tras evaluar la prueba documental, testimonial, y confesional, incluyendo los mensajes filtrados y la declaración del propio alcalde Velásquez, falló en favor de Aguilar.
Como resultado, el municipio ha sido condenado a pagar una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos, además de otras medidas de reparación, entre ellas una carta de disculpas públicas dirigida a todos y cada uno de los funcionarios del municipio.
Esta decisión marca un precedente significativo en la protección de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores municipales frente a actos administrativos arbitrarios y discriminatorios, además de ser la primera entre varios recursos judiciales por parte de las personas que se vieron afectadas por las más de 700 páginas de conversaciones en whatsapp.
Una filtración que abrió una verdadera caja de pandora respecto a los manejos internos de la administración de Jonathan Velásquez y en la que se constatan dichos xenófobos, clasistas, homofóbicos, gordofóbicos y además se hizo referencia a supuestos actos de corrupción e incluso sicariato contra autoridades, dirigentes sociales, emprendedores y vecinos de la comuna.
