La mayor parte de los concejales de la ciudad de Antofagasta determinaron acudir este martes al Tribunal Electroal Regional (TER) para solicitar la remoción del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, por abandono de sus deberes.
Lo anterior, en medio de los crecientes cuestionamientos en la comunidad hacia el edil, tras la muerte de la profesora Katherine Yoma.
La presentación se encuentra firmada por las concejalas Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias y los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar e Ignacio Pozo Piña.
Los abogados que a los que se le otorgó patrocinio en este requerimiento son Axel Villar, Eladio Cuadra y Rolando Lorca.
Loa concejales buscan con esta reclamación ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, que mediante sentencia judicial, se declare el cese de funciones del alcalde de la comuna de Antofagasta, don Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa.
Lo anterior, de acuerdo al Art. 60 letra c) y su inciso 4° de la ley 18.695.
Los concejales en cumplimiento con la obligación que la Ley 18.695.- les impone en su Art. 79 literales d) y l), se presentaron ante el Tribunal, denunciando 15 hechos o cargos en los cuales se transgrede el principio de probidad y hay un notable abandono de deberes por parte de acciones u omisiones reiteradas del Sr. Alcalde durante su mandato.
Por consiguiente, si el Tribunal Electoral en su fallo coincide con la apreciación contenido del escrito respecto de al menos uno solo de tales hechos, el alcalde será cesado de sus funciones.
Entre esos hechos destacan las ilegalidades cometidas en la gestión del proceso de cierre del ex vertedero “La Chimba”; la alteración del contrato relacionado con el transporte de residuos domiciliarios sin la aprobación del Concejo Municipal; el uso y abuso de los tratos directos infringiendo la ley en materias tan importantes como el servicio de barrido de calles entre muchos otros; la cantidad de sumarios pendientes sin resolver; la situación de ilegalidades en la administración de las concesiones marítimas y emplear los servicios de abogados del municipio para fines personales.
Los concejales indican que esta presentación no constituye una evaluación de la gestión del acalde al frente del municipio, porque ello le corresponde a los electores al momento de elegir a esta autoridad edilicia en votaciones democráticas.
Se trata de un cuestionamiento legal a determinadas, específicas y precisas acciones u omisiones desarrolladas por la primera autoridad comunal durante su mandato dado que denunciarlas es una obligación legal de los concejales.
Asimismo, destacan que este requerimiento afecta sólo al Alcalde y no constituye un cuestionamiento a los funcionarios del municipio. Es más, los antecedentes que sustentan esta petición son consecuencia de informes y oficios emanados de diversas reparticiones municipales como la Dirección de Control, de Administración y Finanzas, Secretaría Comunal de Planificación y de Turismo y Cultura, entre otras, todo en el cumplimiento de su deber de funcionario público.
