Señor Director:
Jorge Barudy, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar chileno, ha manifestado, en varias de sus publicaciones, que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, depende de las competencias de sus padres y de los recursos que la comunidad ofrece a las familias para apoyarlas.
Desde 1990, con la suscripción por parte de Chile de la Convención Internacional de los Derechos del niño, se estableció y obligó a nuestro país a cambiar de manera radical el sistema de infancia, pero Chile sigue en deuda. Al parecer, no le interesan sus niños, niñas y adolescentes ni tampoco sus familias.
Los distintos gobiernos tanto de “derecha” como de “izquierda” se han comprometido ante todos nosotros y la comunidad internacional, a ubicar a la infancia como el eje de sus prioridades, anunciando importantes y transcendentales reformas al sistema y al SENAME; sin embargo, en la práctica, aquí estamos en pleno abril de 2019 igual que siempre, esperando.
En nuestro país un niño (a) de 5 años, violado por su padre, abuelo, tío, o un extraño, necesita estar mínimo de 4 a 6 meses en una larga lista de espera para recién recibir un tratamiento psicológico por un programa especializado. ¿Cómo le digo yo a ese niño que se aguante el sufrimiento y la violación por 6 meses ya que el programa no tiene cupo?
Eso es una vergüenza, un atentado a la dignidad, algo que el sistema legislativo y judicial no puede seguir tolerando. Es doloroso y lamentable.
Quienes ya estamos avanzando en este camino de la vida, tenemos conciencia de que ellos, los niños, niñas y adolescentes están recién transitándolo. Son ellos el futuro, el único que tenemos y lo que vamos a heredar a la humanidad. Si eso no nos interesa como para invertir fondos, quiere decir que nada más nos importa.
Una pena, porque, al fin y al cabo, somos seres humanos, que merecemos respeto y dignidad en nuestro paso por el mundo. ¡No es justo que para los más vulnerables ese paso sea un sufrimiento solo por el egoísmo y la avaricia política de algunos pocos!
Isabella Bravo Pérez, Abogada Derecho de Familia.
