Los hechos se registraron el día 5 de marzo, pasadas las 17 horas en la Población El Ancla, en la intersección de calle Lima con Pasaje Las Vegas. Allí al parecer por una deuda de 20 mil pesos que un joven del barrio tenía con una amiga del imputado se produjo un intercambio de impresiones, en el curso del cual el adolescente disparó en contra de Iván José García Henríquez de 27 años. Una testigo vio desde la ventana de la cocina de su casa, cuando el menor de edad, perseguía a la víctima con lo que parecía una pistola, luego de lo cual escuchó dos disparos. Uno de estos disparos le habría dado en la zona cervical lo que a la postre le provocó la muerte.
Vecinos que vieron los hechos llamaron a Carabineros y la ambulancia, por su parte otro vecino del sector, conocido también del imputado y la víctima llegó hasta el Hospital herido de bala, y estaba siendo atendido cuando llegó la víctima, al interrogar la herido se estableció que los disparos que hirieron a las dos víctimas fueron disparados por la misma arma.
El fiscal Castro destacó el hecho que el joven no tiene irreprochable conducta anterior, y tampoco podrá configurar la atenuante de colaboración sustancial. La familia del joven mostró a la fiscalía su intención de cooperar y anunció que entregaría el arma usada en el tiroteo, sin embargo entregó una ametralladora de juguete que no guarda relación con el arma empleada en ambos ataques, que fue vista por varios testigos y que todos aseguraron que era un arma pequeña del tipo pistola. Durante la audiencia el fiscal mostró al Tribunal la ametralladora de juguete.
La defensa se opuso a la medida cautelar de internación provisoria, por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitando en subsidio que si se acogía una medida gravosa se hiciera por peligro de fuga, circunstancia en la que solicitarían una caución de 500 mil pesos.
La Fiscalía se opuso a la caución, ya que a su juicio se contaba con elementos indiciarios para, en esta etapa procesal, dictar la internación provisoria lo que fue acogida por el Tribunal, que fijó un plazo de investigación de 90 días.
