Crecen las críticas a la llamada “Ley Mordaza 2.0“, el polémico proyecto de ley impulsado por los senadores de la región de Antofagasta Pedro Araya (PPD, exDC) y Paulina Núñez (RN), además de sus pares de otras regiones Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).
El proyecto, que propone sancionar con cárcel la difusión de investigaciones judiciales aún en curso, ha sido considerado por expertos, medios de comunicación y gremios periodísticos como una amenaza directa al derecho a informar y al control ciudadano del poder.
Lo anterior, porque no solo sanciona con penas de cárcel a quien filtre la información, sino que a quien la divulgue o informe de estos casos, como sucede con periodistas de investigación y medios de comunicación.
La moción parlamentaria, en su página 5, indica lo siguiente: “Sustitúyese el inciso final del artículo 226 J por el siguiente: ‘El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
“Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”.
Libertad de prensa y acceso a la información en peligro
El Colegio de Periodistas recordó que el acceso a la información de interés público está garantizado en la Ley de Prensa y la Constitución, que consagra el derecho de las personas “a ser informadas sobre los hechos de interés general”
“Aplicar esta medida significará privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público”, indicó la entidad a través de un comunicado público.
En el caso del Senador Pedro Araya Guerrero (PPD), las críticas no solo apuntan al contenido del proyecto, sino también a lo que podría estar motivándolo.
El senador por Antofagasta presenta una historia de incomodidad con investigaciones periodísticas locales, regionales y nacionales que han puesto en entredicho su rol político o el de su círculo cercano. Algunas de estas revelaciones han sido realizadas por Diario Antofagasta, medio que Araya ha calificado en entrevistas como “crítico” de su gestión, por publicar estas informaciones.
A continuación, un repaso por algunos de los casos que podrían explicar la incomodidad de Pedro Araya con el periodismo investigativo y su impulso a la restrictiva legislación conocida como “Ley Mordaza 2.0”, que podría llegar a censurar y evitar nuevos trabajos periodísticos que fiscalicen al poder político.
1. Caso Hospital Clínico UA: contratos millonarios y vínculos con el entorno del senador
Cinco años antes de conocerse la profunda crisis económica que afecta hoy a la Universidad de Antofagasta —con un déficit cercano a los $8 mil millones y planes de recorte—, Diario Antofagasta reveló que el Hospital Clínico Universitario pagó sueldos millonarios a personas vinculadas al círculo del senador Pedro Araya.
La situación fue dada a conocer en un reportaje de investigación de El Diario de Antofagasta, donde se expuso la pérdida de equipos médicos, junto con la contratación y pago de sueldos millonarios con recursos de la universidad a operadores políticos y el entorno cercano al Senador, a pesar de que el recinto aún no entraba en operaciones. Frente a los cuestionamientos, los involucrados dejaron el centro asistencial, aunque no sin antes recibir indemnizaciones por más de $86 millones de pesos a repartir entre cuatro personas y el abogado Jaime Araya, hermano del Senador y actual diputado.
Tras la publicación de la información, Araya ha realizado duras críticas y acusaciones en contra del medio de comunicación que investigó y publicó la información. Resumen del caso en esta nota. La actual crisis universitaria fue cubierta en esta nota.
2. Caso gastos reservados
Otra investigación periodística, en este caso del Diario La Tercera puso en la lupa a Javiera Blanco, exministra de Justicia y actual pareja de Pedro Araya, según confirmó públicamente el propio senador en esta entrevista.
Blanco ha sido cuestionada por el uso de gastos reservados en Carabineros, como detalló este reportaje, y por la manipulación de cifras de muertes en el Sename, lo que generó fuertes cuestionamientos éticos hacia la exautoridad y, por rebote, hacia su entorno político.
El caso gastos reservados concluyó sin condenas para Blanco, que no fue declarada inocente, sino que sobreseída por prescripción del delito de hurto. No obstante, la incomodidad de Araya por las investigaciones a Blanco y el ánimo de devolver la mano frente a quienes informaron el caso e incluso, quienes lo persiguieron judicialmente, quedó en evidencia para la última elección de Fiscal Nacional.
La excandidata a Fiscal Nacional y quien lideraba la unidad anticorrupción, Marta Herrera, habría sido de la posición de perseguir la responsabilidad penal de Javiera Blanco. Algo de lo que Araya se habría enterado. Así, a pesar de su rol incumbente en el caso por su vínculo con Blanco, no se inhabilitó en la Comisión de Constitución, sino que emitió su voto en contra de Herrera y además hizo públicas diversas críticas en su contra. Por otro lado, participó activamente en la promoción de otras candidaturas.
En la oportunidad, Pedro Araya afirmó: “No voy a aceptar que se siga denostando a una persona que fue injustamente perseguida“, en alusión a su pareja.
Una ley como la que propone podría impedir que en el futuro la prensa publique —y la ciudadanía conozca— procesos judiciales como los que involucraron a Javiera Blanco.
3. Millonarios gastos en difusión sin resultados claros
En otro episodio controversial, Diario Antofagasta destapó que el senador Araya destinó durante varios años millonarios montos en contratos de difusión que no generaron resultados medibles, como se evidencia en este reportaje.
La investigación reveló además que durante más de siete años, pagó sueldos como asesor de comunicaciones al director de un medio digital, con el cual Araya habría buscado contar con un brazo comunicacional y además contrarrestar el peso editorial de otros medios como Diario Antofagasta, que históricamente ha mantenido un enfoque crítico y fiscalizador del poder político, incluído Araya y otras figuras relevantes locales y regionales.
¿La respuesta del parlamentario? Aludir a una supuesta polémica personal entre representantes de medios de comunicación, para así minimizar el contenido del reportaje, la realización de estos pagos y su compleja relación con la libertad de prensa y los medios de comunicación, tal como señaló en entrevista con Copano News en Radio La Clave. (Ver video)
4. Convenios del GORE Antofagasta por $271 millones que salpican a Pedro Araya y Javiera Blanco
El más reciente trabajo periodístico que puso nuevamente en entredicho al senador Araya fue el convenio por $271 millones del Gobierno Regional con la Universidad SEK, donde se realizaron pagos a la Consultora Legal Sociedad de Profesionales, de Javiera Blanco, a pesar de figuraba como representante de la universidad.
Además, miembros del equipo parlamentario de Pedro Araya trabajaron simultáneamente en la Universidad SEK y en el proyecto, como Romina Pizzoleo y Elizabeth Court, actual jefa de gabinete del Senador.
Asimismo Diario Regionalista informó que un oficio del GORE, enviado a Contraloría el 14 de noviembre de 2024, solicitaba un pronunciamiento sobre la validez del gasto, dado el vínculo entre la Universidad SEK, la exministra Javiera Blanco y la empresa proveedora del servicio.
La molestia del senador Pedro Araya ante la publicación del reportaje no se hizo esperar. El pasado 8 de febrero de 2025, Araya envió a Diario Antofagasta (y también al medio que publicó originalmente la información, Diario Regionalista) una carta criticando duramente la publicación y a los medios, calificándola de “obsesiva”, “misógina”, y acusando a la prensa de emitir “fake news”. Sin embargo, la misiva no fue publicada por este medio debido a que fue enviada mediante el correo electrónico de un asesor y sin firma, incumpliendo así los requisitos básicos que establece la Ley de Prensa N°19.733 para ejercer el derecho a réplica.
El tono de la carta —que contenía incluso descalificaciones personales contra los medios de comunicación y sus profesionales — evidenció una vez más la actitud airada de Araya frente a los cuestionamientos y revelaciones periodísticas, reafirmando la tesis de que la denominada “Ley Mordaza 2.0” impulsada por el parlamentario surge en parte como respuesta a la incomodidad que generan en sus intereses particulares, las investigaciones periodísticas como las realizadas por medios de la región y el país.
Una ley contra el periodismo que investiga e incomoda
El proyecto de ley que hoy impulsa Pedro Araya junto al grupo de Senadores cobra sentido, cuando se conoce el contexto. La acumulación de reportajes que han incomodado al parlamentario y su círculo más cercano permite entender por qué desde diversos sectores ven esta iniciativa no como una norma general para evitar filtraciones, sino como un grave riesgo a la libertad de prensa y una respuesta personal de algunos políticos para eludir el escrutinio público y periodístico.
La iniciativa ha sido rechazada por el Colegio de Periodistas, Anatel, Asociación Nacional de la Prensa, la Fundación Datos Protegidos y medios de comunicación en todo el país, mientras en redes sociales crece la percepción de que el proyecto estaría motivado, al menos en parte, por incomodidades personales de quienes han estado bajo el escrutinio público.
La ciudadanía, en tanto, debe preguntarse si avanzar hacia una democracia más madura implica silenciar a la prensa o, por el contrario, protegerla incluso cuando sus revelaciones incomodan a quienes detentan el poder.