Las licitaciones públicas existen para asegurar que los recursos del Estado —es decir, dineros que provienen del esfuerzo de todos los chilenos— se inviertan con transparencia, eficiencia y equidad. Su propósito es permitir la competencia justa entre proveedores, garantizando que se elija la mejor oferta según criterios objetivos.
Cuando una licitación es diseñada para favorecer a un proveedor específico, no solo se vulnera la libre competencia. Se perjudica a toda la ciudadanía. Cada peso adjudicado sin justificación representa menos recursos para salud, educación, infraestructura o seguridad.
En ese contexto, lo ocurrido con el contrato por $65 millones entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y una empresa del holding El Mercurio —inicialmente financiado con fondos de salud y educación— lamentablemente no puede ser visto como un hecho aislado.
Documentos oficiales revelan al menos tres ejemplos recientes, que involucran instituciones como el Gobierno Regional de Antofagasta y la Universidad de Antofagasta, donde se observan criterios predeterminados que favorecen nuevamente al mismo holding mediático.
Este tipo de prácticas afectan directamente a instituciones que hoy enfrentan serias crisis financieras y de credibilidad. El uso dirigido de recursos públicos no solo es una mala práctica administrativa: es una forma de debilitar la fe pública.
Por ello, urge que las instituciones públicas revisen sus procesos y aseguren estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas. El respeto a la ley y a la ciudadanía debe estar por sobre cualquier interés particular.
La fiscalización y la defensa de un uso correcto de los recursos públicos debe ser una prioridad para las autoridades. La región de Antofagasta no resiste más casos de estas caracterísitcas.