Un crudo y detallado diagnóstico respecto al impacto de seguridad que generará la próxima puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio (CBC) presentó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su intervención en el seminario de alta convocatoria “Nuevas tendencias del tráfico de drogas en la cadena logística marítimo-portuaria”, celebrado en Viña del Mar. El jefe del Ministerio Público local expuso ante autoridades de la Armada y el Poder Judicial que, si bien la megaobra vial representa una oportunidad estratégica de desarrollo comercial para el país, también constituye una amenaza crítica que escalará los delitos transnacionales si no se ejecutan mitigarizaciones de urgencia. Para contextualizar la gravedad del escenario actual del norte grande, la autoridad reveló que Antofagasta lidera históricamente los índices de incautaciones, registrando en lo que va del presente año un total de 36 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas, cifra que equivale al 60% de los decomisos de todo Chile.
Castro Bekios argumentó de manera categórica que el Corredor Bioceánico tiene el potencial de transformarse en un multiplicador estructural de riesgos criminales para la región, actuando como una vía expedita para el desembarco de nuevos fenómenos delictivos. Entre las vulnerabilidades más complejas descritas por el persecutor penal, destacan el incremento del narcotráfico marítimo y terrestre, el lavado de activos, el contrabando masivo de cigarrillos paraguayos —que el año pasado anotó un alza del 49,4%—, la irrupción masiva de drogas sintéticas, la minería ilegal y el robo de cobre. Asimismo, la máxima autoridad de la Fiscalía advirtió que la interconexión territorial abrirá paso a una proyección extra-hemisférica que atraería el interés logístico de agrupaciones lejanas de alta peligrosidad internacional, tales como el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Uno de los puntos más alarmantes de la ponencia estuvo centrado en el nexo directo que propiciará el corredor logístico con la conflictiva zona sudamericana de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Brasil y Argentina. Castro Bekios detalló que en dicho espacio geográfico opera activamente el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, cuyas redes además han sido vinculadas internacionalmente con el financiamiento de facciones terroristas como Hezbollah. El fiscal regional enfatizó que la apertura de esta ruta sin los resguardos correspondientes acarreará secuelas directas para Chile en materias de tráfico de armas de grueso calibre, trata de personas, tráfico de migrantes, aumento de la violencia armada e inseguridad en los barrios del norte.
Frente a esta delicada proyección, el líder del Ministerio Público identificó la existencia de cuatro nodos críticos estructurales en la zona norte, liderados por una extensa franja fronteriza desprovista de vigilancia, una deficiente cobertura de los sistemas de inteligencia, carencia de infraestructura con horarios no continuos y una baja tasa de inspección de contenedores en los recintos portuarios regionales. Castro Bekios fue enfático al declarar que este tipo de amenazas multifactoriales no se solucionan simplemente sumando más controles policiales de rutina u operativos aislados en las carreteras, sino que requieren obligatoriamente una profunda reingeniería institucional que reestructure las capacidades de seguridad, la inteligencia nacional y los sistemas de persecución penal del Estado.
En la sección final de su aplaudida exposición, el Fiscal Regional planteó un paquete de medidas urgentes para implementar en el corto plazo, proponiendo la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, la habilitación de un registro obligatorio de empresas exportadoras cruzado con Interpol, el sellado electrónico de contenedores y la presencia ininterrumpida las 24 horas de Carabineros y la PDI en los pasos fronterizos. Castro Bekios concluyó lanzando una seria advertencia sobre la acotada ventana de tiempo disponible para actuar, fijando un horizonte crítico entre este 2026 y el próximo 2028 para fortalecer la contención preventiva estatal. “El corredor no crea el problema, lo escala”, cerró de forma tajante el fiscal, sentenciando que el propio Estado de Derecho en el norte de Chile se jugará definitivamente en el futuro de este trazado bioceánico.