Nuevas irregularidades durante el manejo de la pandemia en Antofagasta detectó la Contraloría General de la República (CGR), que en esta oportunidad realizó una auditoría a la entrega de canastas de alimentos a estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de la JUNAEB.
La auditoría reveló incumplimientos e irregularidades en la entrega de canastas de alimentos durante la pandemia a niños y jóvenes vulnerables de la región, que en más de algún caso no llegaron, se produjeron tiempos de espera de más de 33 días o bien se entregaron alimentos en mal estado. Una falta de asistencia o entrega de ayuda en condiciones indignas por parte de la institucionalidad que efectivamente llevó a que fuera la propia comunidad la que se ayudara a si misma realizando ollas comunes.
De acuerdo al informe de Contraloría, se advirtió “que las canastas de alimentos cedidas en el primer, segundo y tercer período de traspaso, no fueron entregadas a todos los alumnos focalizados, siendo distribuidas en algunos casos a alumnos que no pertenecían a dicho grupo“.
El órgano fiscalizador detectó además que “en algunos establecimientos educacionales se entregaron canastas que contenían alimentos en mal estado y que el peso de las raciones no era concordante con lo establecido en el pliego de condiciones suscrito con la empresa proveedora, lo cual da cuenta de una falta de supervisión por parte de JUNAEB respecto a las condiciones y la calidad en que se presentan los alimentos que se entregan a los beneficiarios“.
Además la Contraloría detectó que hubo incumplimientos en la periodicidad de la entrega de las canastas de alimentos, “advirtiéndose la existencia de un lapso de hasta treinta y tres (33) días hábiles, entre un traspaso del beneficio y el siguiente, sin que conste que JUNAEB haya tomado los resguardos necesarios, con la finalidad de que los beneficiarios pudiesen contar con los alimentos en los plazos correspondientes“.
IMPROVISACIÓN Y MALA GESTIÓN
Las conclusiones del informe de Contraloría evidencian una vez más que la improvisación y mala gestión realizada por las autoridades gubernamentales durante la pandemia no se limita únicamente a salud, sino también al menos educación, donde tal como aconteció con las residencias sanitarias, se verifica en este caso con las canastas de alimentos la contratación de servicios a empresas externas sin verificar que estas cumplan efectivamente con los servicios pagados con recursos de todos los chilenos.
En este sentido, el informe de Contraloría es especialmente enfático indicando que si bien Junaeb señala haber efectuado labores de supervisión en los establecimientos educacionales de la región de Antofagasta, “esa repartición pública no posee antecedentes que permitan acreditar las inspecciones realizadas en dichos recintos, generando un riesgo operacional sobre eventuales vulneraciones por parte de la empresa contratada a las bases administrativas y técnicas que regulan la prestación del servicio de entrega de raciones alimenticias“.
Frente a estos hechos la Contraloría General de la República ordena que la Junaeb “arbitre las medidas necesarias, para que en lo sucesivo la entrega de las canastas de alimentos del programa PAE, se desarrolle de acuerdo a los protocolos e instructivos elaborados para la ejecución de ese proceso, asimismo, deberá llevar a cabo fiscalizaciones que permitan acreditar que los servicios contratados se hayan entregado de acuerdo a las disposiciones acordadas, de tal forma de poder advertir oportunamente eventuales errores o discrepancias que se puedan generar en el proceso de traspaso de bienes y por consiguiente, mitigar el riesgo de incumplimiento de los servicios pactados con el proveedor“.
Asimismo, ante eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos objetados, la Contraloría Regional de Antofagasta remitirá una copia de las situaciones representadas a la II Contraloría Regional Metropolitana, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la resolución N° 1.002, de 2011, de este origen, de Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.
