Tras meses de trabajo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en conjunto con senadores y senadoras, presentaron este lunes 12 de junio con el respaldo de organizaciones sociales y de congresistas, un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, definida como “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Al respecto Ximena Rincón señaló que “Hay que trabajar en la ley que se está tramitando para reformar la ley antidiscriminación y ahora en la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación (…) todos y todas debemos entender que las personas por el derecho de ser personas merecen un trato igualitario y sin discriminación”.
A su vez, el dirigente del Movilh y uno de los gestores de la propuesta, Rolando Jiménez, precisó que “desde el 2012 venimos demandando al Estado, y a diversos gobiernos, dotar a Chile de una institucionalidad antidiscriminatoria que brinde asistencia a personas que sufren abusos o delitos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de genero; entre otras categorías, así como para que genere campañas y estadísticas sobre las exclusiones arbitrarias y armonice y sistematice las diferentes leyes o políticas públicas que prohíben la discriminación, pues en la actualidad no hay coordinaciones. Hoy, por primera vez, damos un paso decisivo en tal den sentido, presentando el primer proyecto de ley sobre la materia”.
Dicho proyecto añade al artículo 19 de la Constitución “el derecho a la protección contra toda forma de discriminación arbitraria o que no se base en criterios objetivos. Ante la confluencia de más de un elemento susceptible de discriminación arbitraria, los poderes públicos atenderán a cada una de ellas en su actuación”
Para tales efectos, establece “una Defensoría contra la Discriminación, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la prevención, promoción y protección, del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas, implementación y coordinación de medidas concretas, así como la supervigilancia y fiscalización de ellas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado”.
Añade que una ley “determinará su composición y organización” de la Defensoría “considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo; sus funciones y atribuciones; relación, colaboración y coordinación con los demás poderes del Estado, órganos públicos o privados, especialmente en la mejora de la política pública en la materia; derecho de petición y mecanismos judiciales de tutela general o específica; presencia regional o municipal de la Defensoría; composición y atribuciones del Directorio y elección de su Presidenta o Presidente; composición y atribuciones del Consejo Consultivo con representación de las organizaciones de la sociedad civil contra los diferentes tipos de discriminaciones”.
Tal ley deberá surgir de un proyecto que presente el Presidente de la República, luego de aprobarse la reforma constitucional
“Tanto en el proceso de elaboración del proyecto de ley, como en su tramitación legislativa, se tendrá en consideración y se oirán las observaciones de una mesa técnica permanente con representantes de organizaciones de la sociedad civil contra las discriminaciones, que el Presidente conformará al efecto. En el proyecto de ley (…) se contemplará un estatuto regulatorio de la Defensoría para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, apunta un artículo transitorio de la reforma constitucional.
Acompañaron hoy la presentación del proyecto de reforma constitucional efectuada por Rincón y el Movilh en el Congreso Nacional, la diputada Érika Olivera (IND), Liga Chilena contra el Párkinson, la ONG de Migrantes Tepuy, la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua e Iguales.