El Código Orgánico de Tribunales obliga a alumnos y egresados a prestar servicios gratuitos durante seis meses en instituciones dependientes del Poder Judicial.
Con 78 votos a favor y 9 en contra la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo genere normas que otorguen una remuneración mensual a los estudiantes y egresados de la carrera de Derecho que realizan su práctica profesional en las corporaciones de asistencia judicial u otros organismos del Estado. La iniciativa, presentada por la diputada Marcela Hernando (PRSD), pretende hacer frente a una serie de condiciones que obligan a los futuros abogados a renunciar a oportunidades laborales para cumplir su obligación.
Práctica exclusiva
“Los estudiantes de Derecho que hacen sus prácticas profesionales deben trabajar sin recibir remuneración alguna durante seis meses en estos recintos del Poder Judicial, e incluso carecen de algún seguro que los cubra en casos de accidente”, lamentó la diputada Hernando, quien advirtió que si bien las corporaciones de asistencia judicial entregan ayuda a personas que no tienen los medios para costear un abogado -dando cumplimiento al artículo 19 número 3 de la Constitución- existe una realidad preocupante por aquellos que trabajan para costear sus estudios y se ven obligados a renunciar pues durante el tiempo que dura su práctica deben dedicar la totalidad de su tiempo en forma exclusiva a dicha labor.
La parlamentaria destacó que la situación se complica en el caso de quienes ya han iniciado una familia y han optado por universidades vespertinas, cuyo horario supone que el estudiante asiste a la casa de estudios a la par que trabaja, recibiendo una doble complicación a la hora de tener que abordar su práctica profesional.
Seguro laboral
La congresista por el Cuarto Distrito explicó que es precisamente el artículo 523 N°5 del Código Orgánico de Tribunales el que exige la práctica profesional en instituciones públicas para obtener el título de abogado, indicando que sólo en la Región Metropolitana anualmente se asignan más de 2.000 prácticas profesionales. Por otro lado recordó que su proyecto busca además la instauración de un seguro laboral que proteja a los practicantes en caso de accidentes.
Respaldo
La medida ha despertado un transversal apoyo de la comunidad educativa, generándose diversas campañas en Internet lideradas por los Centros de Alumnos de carreras de Derecho de todo el país, a fin de visibilizar su problemática y la iniciativa presentada por Hernando, quien pormenorizó que la próxima semana sostendrá una reunión con representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a fin de desarrollar una iniciativa legal.