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Jueves 13 de Junio del 2024 16:06

El trato directo por $513 millones que puede complicar a José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora por Caso Convenios

El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN) presidirá la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, donde se cuestiona la asignación directa de recursos públicos. Un rol, cuya legitimidad podría ser objetada dado su vínculo familiar con el trato directo por más de $513 millones de pesos a una sociedad empresarial donde participa su esposa, Vania Korlaet. Los traspasos de dinero de forma discrecional por parte de militantes del mismo sector político de Castro, tienen similitudes a los casos de Democracia Viva o Procultura.

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Durante este martes se constituyó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que analizará el denominado Caso Convenios.

Una instancia que será presidida por el diputado de Renovación Nacional por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro.

Para el parlamentario, quien además dio a conocer el llamado Caso Fachadas que involucra al Gobierno Regional y Fundación Procultura, asumir la presidencia “es una doble responsabilidad“.

Lo anterior, porque según indicó el diputado, “están todos los ojos del país puestos en lo que son los casos fundaciones, en todos estos desfalcos de plata, en la falta de probidad; y segundo también porque todos estos casos nacen en la Región de Antofagasta de la cual yo soy representante“.

Pero además, podría ser una triple responsabilidad. Y es que precisamente es en la región de Antofagasta donde se gestó otro caso de tratos directos, que puso en cuestionamiento la probidad y que podría poner en duda la legitimidad de Castro presidiendo esta comisión.

Se trata de los tratos directos por $513.128.000 entre la Seremi de Salud, dirigida entonces por Rossana Díaz (UDI) y el Hotel Altos del Sol. Este hotel, pertenece al grupo empresarial Korlaet, muy conocido en la región de Antofagasta. La esposa del diputado José Miguel Castro, Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio.

Todo ello aconteció durante la pandemia por Covid-19, específicamente entre el 25 de abril al 30 de junio de 2020, periodo en el cual debido a la cuarentena, se vio especialmente afectada entre muchas otras la actividad turística en general y la industria hotelera en particular. De allí, que este trato directo entre la Seremi y el grupo empresarial implicó un trascendental ingreso en un periodo donde el sector vivía un periodo crítico.

La Contraloría estableció en su informe final de investigación donde se concluye que a pesar de los elevados montos involucrados en la transacción, no hubo toma de razón, se detectaron habitaciones no utilizadas por $96.866.000 e incumplimientos de los protocolos de las residencias sanitarias.

Luego, en su informe de seguimiento en 2021, quedo establecido que no se advirtió que la Seremi haya efectuado supervisiones en la residencia, que le permitiera validar el cumplimiento de los servicios contratados.

Es así que estamos nuevamente ante la asignación de recursos públicos de forma directa como sucede en los casos Democracia Viva y Procultura, aunque con algunos matices. Por ejemplo, en el caso Democracia Viva se trata de una fundación, mientras que en el caso del grupo Korlaet se trata de una empresa privada. Asimismo, en el caso Democracia Viva el presidente de la fundación que recibió los recursos públicos es Daniel Andrade, la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que en el caso de los recursos al hotel del grupo Korlaet se trata de una sociedad donde figura Vania Korlaet, la esposa del Diputado José Miguel Castro.

Es precisamente este último quien señala que espera que la comisión investigadora tenga resultados antes del 18 de septiembre, lo cual es visto además por fuentes ligadas al ámbito político como una forma de “apretar al oficialismo” manteniendo el caso en la agenda pública y los medios de comunicación durante todas las semanas previas a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y las Fiestas Patrias.

Castro aseguró que la prioridad será presentar antecedentes al Ministerio Público, apersonarse en regiones y entregar insumos a leyes para cambiar la forma de operar en todo el sistema público en cuanto a la discrecionalidad de los recursos.

La comisión estará integrada además por Juan Carlos Beltrán (RN); Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti (UDI); Chiara Barchiesi (PR); Rubén Oyarzo (PDG); Yovana Ahumada (ex PDG y actualmente parte del Comité Social Cristiano e Independientes) y Eric Aedo (DC).

Respecto a la asignación de recursos a hoteles, el Ministerio Público lleva adelante una investigación relacionada con el manejo de las residencias sanitarias en la que están querellados Jaime Mañalich, Enrique Paris, Arturo Zúñiga y Orlando Durán.

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