Muy preocupadas se encuentran centenares de familias de personas con discapacidad en Antofagasta, por nuevos despidos implementados por la administración municipal que encabeza Jonathan Velásquez.
En concreto, se trata de la desvinculación de la reconocida kinesióloga Paola Celti, quien ha encabezado el proceso de rehabilitación de muchos niños y adultos con problemas de movilidad en la comuna, gracias al trabajo que desempeña desde hace 9 años en la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad (OID) de Antofagasta.
Durante el inicio de este 2023, sin embargo, ha sido desvinculada sin mayores explicaciones, lo cual tiene muy decepcionados a los usuarios de este servicio que entrega crucial apoyo a las personas con discapacidad de la comuna y sus familias.
Asimismo, la funcionaria es la única con certificación en el servio para aplicar el IVADEC, una evaluación para calificar y calcular el porcentaje de discapacidad, para obtener la credencial de discapacidad. Debido a esta desvinculación, serían cerca de 100 los procesos abiertos que se verán afectados por esta nueva determinación de la administración Velásquez.
Frente a este tema se pronunció el concejal Luis Aguilera, quien manifestó que “el alcalde de la comuna hoy le da la espalda a cientos de familias de personas en situación de discapacidad, que pertenecen a la oficina municipal de discapacidad (OID) y que hoy se quedan sin completar sus terapias, debido a la desvinculación sin motivo alguno de Paola, su kinesiologa de hace más de 9 años, especialista en neurorehabilitacion. Es incomprensible su actuar egoísta con cientos de familias Antofagastinas”.
También se han pronunciado mediante las redes sociales decenas de personas cuyos familiares presentan alguna discapacidad y se verán afectados por esta medida.
Cabe destacar que la administración de Jonathan Velásquez enfrenta diversos procesos judiciales por desvinculaciones arbitrarias de funcionarios, por razones personales o políticas del alcalde, lo que ha llevado al municipio a pagar indemnizaciones que ya superan los $300 millones de pesos.
En paralelo, se mantienen aferrados a sus cargos en el municipio los cuestionados funcionarios designados por Velásquez que se vieron involucrados en los llamados “Plan 9 Papers”, recibiendo remuneraciones que rozan los $4 millones de pesos, dando cuenta de los privilegios para algunos y la persecución contra otros que estaría promoviendo la autoridad.
